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Administradores Concursales

Administradores Concursales

La administración concursal es un órgano designado por el juzgado para que se ocupe de la tramitación del concurso de acreedores. Sus principales funciones son:

1. Intervenir o asumir completamente las facultades de administración y disposición del concursado sobre su patrimonio, dependiendo del régimen de limitación de facultades que se establezca.

2. Determinar la composición de las masas activa y pasiva del concurso, mediante la elaboración del inventario y el listado de acreedores del concursado, respectivamente.

3. Informar al Juzgado acerca de cualquier cuestión relativa al concurso y, en especial, sobre su calificación y sobre las propuestas de convenio presentadas, en su caso.

4. En su caso, llevar a cabo la liquidación del patrimonio del concursado.

Con carácter general, la Ley establece que la administración concursal estará integrada por un solo miembro, que deberá ser abogado, economista, titulado mercantil o auditor,  exigiéndose en todos los casos 5 años de experiencia profesional y formación demostrable en Derecho Concursal.

Igualmente, podrá designarse como administradora concursal a una persona jurídica en la que se integre, al menos, un abogado en ejercicio y un economista, titulado mercantil o auditor de cuentas, debiendo garantizarse la debida independencia y dedicación a las funciones de administración concursal.

Además, existen determinados supuestos en los que la Ley establece el nombramiento de un segundo administrador concursal (concursos de entidades financieras, de aseguradoras, concursos “de especial trascendencia”…). En tales casos, el nombramiento del segundo administrador concursal recaerá bien sobre un tercero designado por una entidad pública (Fondo de Garantía de Depósitos, Consorcio de Compensación de Seguros…) o bien sobre un acreedor de la concursada.

Por último, la Ley prevé que, en determinados casos, se nombren auxiliares delegados de la administración concursal.

En cuanto a la retribución de los administradores concursales, esta viene regulada por el Real Decreto 1860/2004, de 6 de septiembre. Dicha norma establece unas tarifas o aranceles para las distintas fases de la tramitación del concurso, contemplando además determinadas modificaciones para ajustar dicha retribución a las circunstancias de cada caso.

 

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