En los últimos días son muchos los agentes e instituciones públicas que están emitiendo pronunciamientos sobre la irregularidad de las cuentas de Banco Popular en 2016,  los cuales resultan favorables para los accionistas que acudieron a la ampliación, pues refuerzan la tesis de la información desleal y engañosa que fue transmitida y publicada al tiempo de la ampliación. En cumplimiento del requerimiento efectuado por el instructor D. Fernando Andreu, la CNMV ha aportado a la causa penal seguida frente a Banco Popular, un informe en el que se analiza si el informe financiero consolidado del ejercicio de 2016 elaborado por el Banco Popular Español. S.A.  Así, una parte del informe se centra en describir los indicios que generan dudas sobre si la información financiera del Banco Popular del ejercicio 2016 reflejaba la imagen fiel de su situación financiero patrimonial y de los resultados de la Entidad y su Grupo (por errores distintos de los referidos en el hecho relevante de 3 de abril 2017)”. En dicho apartado, se analizan una serie de partidas contables de las que se extraen grandes diferencias entre la valoración efectuada por expertos independientes con motivo de la resolución de junio de 2017 a petición de la Junta Única de Resolución, en adelante JUR –y venta a Grupo Santander- y las cuentas del ejercicio 2016.  ¿Hay activos sobrevalorados? De este modo, de conformidad con el informe, existen muchos activos sobrevalorados en los estados contables de 2016, siendo que las diferencias que se ponen de manifiesto meses después no han sido debidamente justificadas por la entidad, señalando el informe lo siguiente en relación con los activos inmobiliarios: “(…) no obstante, la Entidad no habría aportado evidencias concretas en relación con cómo se han determinado unos descuentos tan significativos sobre su valor en libros, y en un semestre donde se empieza a apreciar una recuperación del mercado inmobiliario” y continúa refiriendo que “(…) La falta de actualización de las tasaciones a 31 de diciembre de 2016 y la reducción en el valor en los libros registrados en el 1º semestre de 2017, en un contexto económico de recuperación del valor inmobiliario, en opinión del DIFC son un claro indicio de que las cuentas anuales del ejercicio 2016 podrían contener errores materiales que les impidiesen reflejar la imagen fiel”. Tipos de activos incluidos en el informe Pero dichas diferencias no solamente se aprecian en los activos inmobiliarios sino que se reflejan en otras igualmente significativas y relevantes, a saber: cobros dudosos derivados de la financiación a la construcción y promoción inmobiliaria en junio de 2017 ascendentes a 8.160 millones y 4814 en diciembre de 2016 –determinación inadecuada a cierre del ejercicio 2016 según el informe-, cartera de préstamos infravalorada al cierre de 2016 o deterioro de activos...

Compartimos un artículo publicado en La Verdad el día 29 de junio La empresa orienta sobre los procedimientos judiciales para solicitar la nulidad de la compra de títulos de la entidad Desde que se produjo la venta de Banco Popular el 7 de junio de 2017 al Banco Santander por el simbólico precio de un euro, se ha recibido un aluvión de noticias que alertan de la irregularidad de la situación económico-financiera de la entidad bancaria en los últimos años y, más acusadamente, del año anterior a la resolución. Debe recordarse que paralelamente a la venta de la entidad bancaria a Banco Santander, se produjo una amortización de todas las acciones del banco así como de la deuda subordinada, lo cual supuso una gran pérdida económica a los clientes titulares de dichos productos, quienes de forma sorpresiva e inesperada fueron testigos de la desaparición de sus inversiones y/o ahorros. Como era de prever, Banco Santander reaccionó rápidamente para apaciguar las aguas y tratar de contentar a los clientes, ofreciéndoles la posibilidad de «recuperar la pérdida» mediante la contratación de los denominados 'bonos de fidelización', en virtud de los cuales, si se vendían tras su adquisición, se producía una quita respecto del nominal invertido y, si se conservaban en cartera, se estaría a la merced del imprevisible mercado financiero. «Ni qué decir tiene que dicha aceptación de los maravillosos 'bonos de fidelización', tenía un plazo improrrogable, iba acompañada de una extensa y farragosa descripción financiera, suponía una ineludible renuncia de acciones y todo ello debía ser, además, manuscrito por el adquirente», señala Isabel Carla Navarro, abogada de Carrillo Asesores. «No podemos encontrar otro sentido a la concesión del plazo por el Santander para aceptar los bonos, más que la premura y el temor de la entidad a las decisiones que se iban adoptando por parte de nuestras autoridades judiciales, así como a la información que se iba publicando por parte de las diferentes instituciones, tales como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España, que sin lugar a dudas iban a influir en los clientes confundidos y angustiados», añade. Así, la primera resolución judicial adoptada fue el Auto dictado por el Juzgado central de instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional el 3 de octubre de 2017, incoando Diligencias Previas para la investigación de presuntos delitos de falsedades societarias y administración desleal de patrimonio ajeno, delito de falsedades documentales, delito de apropiación indebida y delito relativo al mercado y los consumidores por Banco Popular y sus miembros o exmiembros, tras la querella penal interpuesta por un conjunto de accionistas.   Puedes leer el resto del artículo aquí.  ...