El pasado 23 de Enero de 2019, la Sala Civil del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias que fijan doctrina sobre cuestiones relativas a las cláusulas abusivas en contratos con consumidores.En primer lugar, se pronuncia sobre el carácter abusivo de las comisiones de apertura de los préstamos hipotecarios establecidas por las entidades bancarias. La Sala considera que la comisión de apertura, al ser una de las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por la concesión del préstamo, no es susceptible de control de contenido, sino exclusivamente de control de transparencia. La Sala argumenta que el control de transparencia se considera cumplido por su ubicación, estructura y redacción, además de por tratarse de una comisión que se paga en el momento inicial del préstamo, lo que hace que el consumidor medio le preste especial atención.En segundo lugar, la Sala se pronuncia sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula en una sentencia anterior.A este respecto, considera que la entidad bancaria deberá asumir los siguientes gastos:Gastos notariales: Escritura del préstamo y modificación del mismo: Al tratarse de una intervención que interesa a sendas partes, la Sala considera que dicho gasto debe distribuirse por Cancelación del préstamo: Al ser el interesado el prestatario, la Sala considera que es él quien debe asumir la totalidad del gasto. Copias de escrituras notariales: Deberán ser abonadas por la parte solicitante. Gastos registrales:La garantía hipotecaria se inscribe a favor del prestamista, por lo que la Sala considera que es la entidad bancaria a la que le corresponde el pago de dichos gastos. En cambio, en el caso de que se proceda a la cancelación de la hipoteca, el interesado es el prestatario, por lo que el coste de la cancelación debe ser abonado por él.Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados:La Sala no se separa del criterio establecido en anteriores sentencias y reitera que el sujeto pasivo de este impuesto es el prestatario, debiendo ser él quien asume el pago del impuesto.Gastos de gestoría:Al ser ambas partes las interesadas en dicha intervención, la Sala impone el pago por mitad de los mismos.[sc name="firma_isabel"]...

¿Puede el pequeño empresario reclamar los gastos de constitución de la hipoteca?En estos últimos meses, estamos asistiendo a un aluvión de pronunciamientos judiciales que, siguiendo la estela de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, declaran nulas determinadas cláusulas contractuales que imponen de forma indiscriminada al consumidor el pago de los gastos de las hipotecas constituidas en garantía de préstamos. En concreto, lo que viene a decir el Tribunal Supremo en esa Sentencia es que resulta abusivo que el banco obligue al consumidor a asumir el impuesto de actos jurídicos documentados y los gastos de notaría y registro asociados a la hipoteca, por tratarse de gastos que la Ley impone a la entidad bancaria. Tras leer esta Sentencia, me surgió la siguiente duda: si el motivo que ha llevado a declarar el carácter abusivo de estas cláusulas en los préstamos con consumidores es que son contrarias a lo dispuesto en una norma legal, ¿no existe alguna vía para que los pequeños empresarios también puedan denunciar la ilegalidad de estas cláusulas?Consumidor vs. pequeño empresario El problema está en que, aun cuando generalmente el poder de negociación frente al banco de un pequeño empresario es equiparable al que pueda tener un consumidor, el pequeño empresario solo puede invocar la legislación protectora de consumidores y usuarios cuando sea el destinatario final del producto o servicio contratado. Esto hace que, en el caso de las hipotecas en garantía de préstamos destinados a la actividad empresarial, no sea posible obtener la declaración de abusividad de aquellas cláusulas contractuales que imponen al empresario el pago de todos los gastos derivados de la constitución de la hipoteca.La ley de condiciones generales de la contratación Sin embargo, en una interesante Sentencia de 22 de marzo de 2016, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Mallorca se basa en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación para declarar la nulidad de una cláusula de este tipo. Concretamente, esta Sentencia analiza las condiciones generales de una hipoteca constituida sobre un inmueble propiedad del administrador único de una sociedad para obtener financiación destinada a reestructurar las deudas de esta última. Tras rechazar la aplicación al caso de la legislación protectora de consumidores y usuarios, el Juez afirma no obstante que “se debe examinar si la cláusula ha vulnerado alguna norma imperativa o prohibitiva”, ya que la Ley de Condiciones Generales de la Contratación impide la utilización de condiciones generales que vulneren lo dispuesto en este tipo de normas en perjuicio de la persona que se ve obligada a aceptarlas. Partiendo de esta base, el Juez declara nula la imposición al empresario del pago de todos los impuestos asociados a la hipoteca “por ser contraria a determinadas normas imperativas del Texto Refundido de la...