El Tribunal Supremo, en la reciente sentencia 812/2020, de 11 de marzo de este año ha fallado a favor de la reclamación de la cláusula suelo para autónomos y Pymes. Le ha dado la razón a un autónomo que podrá recuperar el importe de los intereses, abonados en exceso, por la cláusula suelo de su préstamo. Un taxista que solicitó un préstamo hipotecario para adquirir la licencia con la que poder desempeñar su actividad profesional.Así, el Alto Tribunal dictamina en esta sentencia que no es suficiente que la cláusula sea clara. Además se exige que el prestatario haya tenido conocimiento de la misma. Tal y como habían sostenido algunas Audiencias Provinciales. Resolución del Tribunal Supremo que permite la reclamación de la cláusula suelo para autónomos y Pymes Gracias a esta resolución, se hace posible la reclamación de la cláusula suelo para autónomos y Pymes. Estos podrán reclamar la declaración de nulidad de esta cláusula impuesta en sus operaciones hipotecarias. Ya que estos profesionales observaban, una y otra vez, cómo les era imposible beneficiarse de la aplicación de la legislación protectora de consumidores. Esta es la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. También el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ley de Condiciones Generales de la Contratación Sin embargo, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que también regula la abusividad de las cláusulas contractuales, sí prevé su aplicación no sólo a consumidores sino también a empresarios y autónomos. Reconoce que existen igualmente situaciones de abuso cuando los contratos se firman entre empresas o autónomos. Lo hace en su Exposición de Motivos. Control de inclusión o incorporación En estos casos, la estrategia para proceder a la reclamación de la cláusula suelo para autónomos y Pymes, debe orientarse al argumento que finalmente ha acogido el Tribunal Supremo. Este es el control de inclusión o incorporación. Esto significa que no basta que dicha cláusula esté en el contrato y que pueda ser comprensible gramaticalmente, sino también su  posibilidad real de conocimiento. En este caso no se cumplió. Ni se entregó la Ficha de Información Personalizada (FIPER, antigua Oferta Vinculante), ni el Notario consignó expresamente la advertencia de su existencia en la escritura pública.En consecuencia, el cliente no tuvo oportunidad real de conocer que el préstamo estaba sujeto a una limitación de la variabilidad del tipo de interés (cláusula suelo). Además, la propia sentencia establece que el prestatario/empresario debe acreditar que la entidad financiera ha vulnerado las reglas de la buena fe contractual al diseñar las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario. Criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez Esta resolución se basa en la sentencia nº241/2013, de 9 de mayo, que establece que en el Derecho nacional,...

El pasado 23 de Enero de 2019, la Sala Civil del Tribunal Supremo ha dictado varias sentencias que fijan doctrina sobre cuestiones relativas a las cláusulas abusivas en contratos con consumidores.En primer lugar, se pronuncia sobre el carácter abusivo de las comisiones de apertura de los préstamos hipotecarios establecidas por las entidades bancarias. La Sala considera que la comisión de apertura, al ser una de las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por la concesión del préstamo, no es susceptible de control de contenido, sino exclusivamente de control de transparencia. La Sala argumenta que el control de transparencia se considera cumplido por su ubicación, estructura y redacción, además de por tratarse de una comisión que se paga en el momento inicial del préstamo, lo que hace que el consumidor medio le preste especial atención.En segundo lugar, la Sala se pronuncia sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos, ya declarada nula en una sentencia anterior.A este respecto, considera que la entidad bancaria deberá asumir los siguientes gastos:Gastos notariales: Escritura del préstamo y modificación del mismo: Al tratarse de una intervención que interesa a sendas partes, la Sala considera que dicho gasto debe distribuirse por Cancelación del préstamo: Al ser el interesado el prestatario, la Sala considera que es él quien debe asumir la totalidad del gasto. Copias de escrituras notariales: Deberán ser abonadas por la parte solicitante. Gastos registrales:La garantía hipotecaria se inscribe a favor del prestamista, por lo que la Sala considera que es la entidad bancaria a la que le corresponde el pago de dichos gastos. En cambio, en el caso de que se proceda a la cancelación de la hipoteca, el interesado es el prestatario, por lo que el coste de la cancelación debe ser abonado por él.Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados:La Sala no se separa del criterio establecido en anteriores sentencias y reitera que el sujeto pasivo de este impuesto es el prestatario, debiendo ser él quien asume el pago del impuesto.Gastos de gestoría:Al ser ambas partes las interesadas en dicha intervención, la Sala impone el pago por mitad de los mismos.[sc name="firma_isabel"]...

¿Puede el pequeño empresario reclamar los gastos de constitución de la hipoteca?En estos últimos meses, estamos asistiendo a un aluvión de pronunciamientos judiciales que, siguiendo la estela de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 2015, declaran nulas determinadas cláusulas contractuales que imponen de forma indiscriminada al consumidor el pago de los gastos de las hipotecas constituidas en garantía de préstamos. En concreto, lo que viene a decir el Tribunal Supremo en esa Sentencia es que resulta abusivo que el banco obligue al consumidor a asumir el impuesto de actos jurídicos documentados y los gastos de notaría y registro asociados a la hipoteca, por tratarse de gastos que la Ley impone a la entidad bancaria. Tras leer esta Sentencia, me surgió la siguiente duda: si el motivo que ha llevado a declarar el carácter abusivo de estas cláusulas en los préstamos con consumidores es que son contrarias a lo dispuesto en una norma legal, ¿no existe alguna vía para que los pequeños empresarios también puedan denunciar la ilegalidad de estas cláusulas?Consumidor vs. pequeño empresario El problema está en que, aun cuando generalmente el poder de negociación frente al banco de un pequeño empresario es equiparable al que pueda tener un consumidor, el pequeño empresario solo puede invocar la legislación protectora de consumidores y usuarios cuando sea el destinatario final del producto o servicio contratado. Esto hace que, en el caso de las hipotecas en garantía de préstamos destinados a la actividad empresarial, no sea posible obtener la declaración de abusividad de aquellas cláusulas contractuales que imponen al empresario el pago de todos los gastos derivados de la constitución de la hipoteca.La ley de condiciones generales de la contratación Sin embargo, en una interesante Sentencia de 22 de marzo de 2016, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Mallorca se basa en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación para declarar la nulidad de una cláusula de este tipo. Concretamente, esta Sentencia analiza las condiciones generales de una hipoteca constituida sobre un inmueble propiedad del administrador único de una sociedad para obtener financiación destinada a reestructurar las deudas de esta última. Tras rechazar la aplicación al caso de la legislación protectora de consumidores y usuarios, el Juez afirma no obstante que “se debe examinar si la cláusula ha vulnerado alguna norma imperativa o prohibitiva”, ya que la Ley de Condiciones Generales de la Contratación impide la utilización de condiciones generales que vulneren lo dispuesto en este tipo de normas en perjuicio de la persona que se ve obligada a aceptarlas. Partiendo de esta base, el Juez declara nula la imposición al empresario del pago de todos los impuestos asociados a la hipoteca “por ser contraria a determinadas normas imperativas del Texto Refundido de la...