Desde el  pasado 1 de enero de 2019 se ha producido una bajada del IVA al 10% para algunas de las facturas emitidas por artistas, músicos y técnicos,  pero, ¿se aplica ese porcentaje de IVA para todas sus facturas?, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplirse para poder aplicar el IVA reducido? (Post relacionado "¿Debo pagar mi IRPF por la cesión de mis derechos de autor?"). Consideraciones a tener en cuenta A continuación, exponemos los requisitos que se deben cumplir para que resulte de aplicación el tipo del 10%:Para aplicar en una factura el IVA del 10%, debe ser emitida a organizadores o productores de obras. Un organizador de una obra es aquel que lleve a cabo la ordenación de los medios materiales y humanos con la finalidad de que la obra se represente. Se aplicará el IVA reducido a los guiñoles, los teatros, cuentacuentos y servicios de poesías durante un concierto flamenco.  Sin embargo, se seguirá aplicando el 21% a la actividad de magia. Para aplicar el tipo reducido, los servicios deben prestarse por personas físicas. Por ello, si la actuación se factura a través de una entidad mercantil o comunidad de bienes se seguirá aplicando el 21%.Reducción del IVA para artistasLa reducción será para artistas, músicos y técnicos si el objeto de la factura es la actuación musical, artística o los trabajos técnicos. El 10% se aplicará con independencia de que el intérprete, artista, director o técnico contrate a través de un representante que actúe en nombre ajeno, ya que se entiende que es el propio artista quien presta por sí mismo el correspondiente servicio artístico o contrate los servicios de otros artistas en régimen de dependencia de carácter laboral para prestar el servicio. En las facturas emitidas a organizadores a través de sellos, agencias o representantes que actúen como una sociedad mercantil, no podrá aplicarse el 10% de IVA. Sí es posible que el artista persona física pueda aplicarse esa reducción de IVA en la factura que emita al sello, a la agencia o al representante cuando no actúen como intermediarios y realicen funciones de organizador. Actuaciones organizadas por promotores no habituales o no profesionales. Para el IVA reducido no es necesario que el destinatario de la factura sea un promotor profesional o habitual y no importa su finalidad. No importa el lugar donde se produzca la actuación, el procedimiento establecido para la determinación de la contraprestación (caché fijo o porcentaje en la recaudación de la taquilla),  ni la finalidad perseguida por el organizador.[sc name="firma_andrea" ]...

El modelo 720 es una Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos situados en el extranjero. El plazo para presentarlo es del 1 de enero al 30 de marzo.  ¿Quién está obligado a presentarlo? Están obligadas a presentar este modelo las personas físicas que tienen que tributar en el IRPF. También, las sociedades que tienen obligación de presentar el Impuesto sobre Sociedades. Características a destacar: Se declaran en este modelo los bienes y derechos situados en el extranjero que en su valor total superen 50.000€.Si al año siguiente su valor no ha incrementado más de 20.000€, no será necesario volver a declarar dicho bien o derecho.Pongamos un ejemplo:Supongamos que en 2017 declaró un inmueble por valor de 60.000 euros, y en 2018 aumenta hasta 75.000 euros. En este caso, no deberá declararlo por segunda vez, puesto que no supera el incremento estipulado.  ¿En qué caso tendremos que presentar el modelo 720? -Cuando se tiene una cuenta en Degiro y otros brokers con domicilio en el extranjero y sin sede en España.-Si se tienen depósitos en Suiza, Alemania o cualquier país extranjero.-Si se dispone de Fondos de Inversión depositados en entidades extranjeras.-En el caso de tener una vivienda en otro país.  ¿A qué tipo de sanciones nos enfrentamos si no presentamos el modelo 720? Estas sanciones son desorbitadas, por lo que hay una cierta controversia sobre este tema al ser tan elevadas.Se sanciona con 100 euros por registro no declarado, con un mínimo de 1500 euros por declarar fuera de plazo.Se sanciona con 5000 euros por dato declarado incorrectamente o no declarado,  con un mínimo de 10000 euros. Aconsejamos que, mientras que España no adapte su normativa a la Comunidad Europea, se declare correctamente este modelo. [sc name="firma_elenaCerezuela"] ...

Siempre se ha puesto en duda, o ha surgido incertidumbre, sobre si el trabajador tiene que demostrar frente a Hacienda (si esta nos requiere, a través de una comprobación de IRPF) que las dietas que nos ha abonado la empresa están exentas de tributación, y justificar por tanto dicha exención con las pruebas oportunas.Bien, en base a esta argumentación, una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) de 6/11/2018 aclara quién debe justificar ante Hacienda los requisitos para que las dietas satisfechas a los trabajadores queden exentas en el IRPF.Según normativa del RIRPF, Art. 9, las dietas satisfechas a los trabajadores, hasta ciertos límites, no tributan en el IRPF ni están sujetas a retención en nómina. El problema surge a la hora de comprobar si se cumplen los requisitos para aplicar esta exención, ya que Hacienda suele requerir al trabajador, quien en la mayoría de los casos no dispone de justificantes y tampoco puede probar que los gastos están relacionados con la actividad de la empresa.Si en este caso se requiere al trabajador y, al no tener los comprobantes, la Agencia Tributaria deniega la exención y le gira una liquidación provisional, la única opción que tiene el trabajador es recurrir dicha liquidación provisional de IRPF. Pues aquí entra en juego la nueva doctrina del TEAC, que manifiesta que la carga de la prueba de que dichas dietas estén exentas debe compartirse entre empresa y trabajador.Por ello, se establece que transporte público y alojamiento deben ser probados con documentos por parte del trabajador, que sólo debe justificar los gastos de transporte público, aparcamiento y alojamiento soportados que la empresa le haya compensado o pagado (para ello, deberá conservar los justificantes de dichos gastos).¿Y qué pasa con los gastos por dietas derivados de Kilometraje y manutención? En este caso, la empresa empleadora debe justificar los gastos de kilometraje y manutención, acreditando el día y lugar en que se han producido, con cualquier medio de prueba. Para ello, se recomienda dejar constancia mensualmente de los viajes realizados, municipio y lugar de la visita o desplazamiento, motivo del desplazamiento (siempre deben ser motivos laborales), manutención pagada, etc. a través de una ficha firmada por ambas partes -empresa y empleado- donde se deje constancia de dichos gastos y justificantes de pago.Tras esta resolución del TEAC, entendemos que es la empresa la que debe aportar los justificantes y, si no lo hace, la Inspección le liquidará a ella las retenciones correspondientes, y al trabajador sólo lo correspondiente a gastos específicos exentos de transporte público, aparcamiento y alojamiento (y si no aportara justificante). En todo caso, la empresa podrá repercutir sobre el trabajador las retenciones soportadas en el plazo de un año a partir de la...

Dentro de poco se cumplirán 10 años desde que fue publicado, por la Agencia Tributaria, el Código de Buenas Practicas Tributarias, el cual recopilaba una serie de principios de actuación y transparencia tributaria básicos, los cuales podían ser suscritos voluntariamente por las empresas.Todo ello estaba enmarcado en un nuevo modelo de relación entre la empresa y la administración, sustentado en dos líneas básicas:La implicación del órgano de administración en materia fiscal. El establecimiento de una cooperación franca entre la empresa y la administración.Era el inicio de una autorregulación en materia de cumplimiento normativo tributario.Esta autorregulación se fue reforzando con la entrada en vigor de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo que introdujo aspectos como la elaboración de procedimientos de toma de decisión a la hora da adoptar decisiones estratégicas o de negocio y la Ley Orgánica 30/2014, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 19/1995, de 23 de septiembre, del Código Penal con la introducción de los denominados modelos de prevención de delitos.En ambos casos, el legislador no impone pautas de actuación sino que opta por dar libertad a las empresas para que, en función de sus características y contexto, puedan plantear aquellos mecanismos de control que estimen mas adecuados y eficaces para su actividad.Pero este exceso de libertad no fue entendido adecuadamente y derivó en falta de concreción que ha perjudicado enormemente el desarrollo de estas iniciativas. ¿Qué debe hacer el empresario? El empresario en un contexto de crisis e inseguridad económica y de mercado, se planteo preguntas como ¿qué debo hacer exactamente?, ¿cómo hacerlo?, ¿qué profesionales pueden ayudarme?,…Durante un tiempo la confusión fue la nota predominante, hasta que finalmente han tenido que ser las, muchas veces denostadas, normas ISO las que han acudido en nuestra ayuda, aportando pautas concretas de actuación y sobre todo avalando mediante su certificación las medidas adoptadas por el empresario.Nacen así una serie de Normas cuyo fin es el de ayudar a la empresa a implantar ese autocontrol en materia de cumplimento legal.UNE-ISO 19600:2015. Sistemas de gestión de compliance. Directrices. UNE 19601:2017. Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso. UNE 19602: pendiente de aprobación. Sistemas de Gestión de compliance Tributario. Requisitos con orientación para su uso. UNE-ISO 37001:2017. Sistemas de gestión antisoborno. Requisitos con orientación para su uso. UNE-ISO 37002: pendiente de aprobación. Sistemas de Gestión de las Denuncias de Irregularidades.¿Qué norma debo implantar? ¿Debo implantarlas todas? La repuesta es mas sencilla de lo esperado, implantaremos aquella que en función de nuestra actividad, y contexto nos sea mas beneficiosa desde el punto de vista económico y social,...

La Agencia Tributaria, a través de una Consulta Vinculante de 2018 (CV 2107-18), ha dejado patente que el Crowfunding (micromezenazgo), es decir, financiación colectiva que consiste en poner en contacto promotores de proyectos que demandan fondos mediante la emisión de valores y participaciones sociales o mediante la solicitud de préstamos, con inversores u ofertantes de fondos que buscan en la inversión un rendimiento; constituye una actividad económica, y por lo tanto está sujeta a tributación.Por lo tanto, aunque se utilice una plataforma digital que controla y gestiona mecánicamente dicho crowfunding, al constituir su actividad analizar la situación económico-financiero de los solicitantes, monitorización continua de los créditos concedidos, control y verificación constante de documentación sobre los solicitantes y los prestatarios, cumple con el concepto de actividad económica incluido en la Ley de Impuesto sobre Sociedades, que grava por excelencia las rentas procedentes de dichas actividades económicas.Por lo tanto desarrolla una actividad económica sujeta el Impuesto de Sociedades si dicha plataforma se configura jurídicamente con forma societaria, o por el Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas si es un empresario/profesional particular quien elabora el proyecto y ejecución de dicha plataforma web,  porque al poner en contacto a inversores con empresas que buscan financiación, lleva a cabo una explotación económica que supone la ordenación por cuenta propia de medios materiales y/o humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. (art. 5 de la LIS) (art. 27 Ley IRPF).Con ello, se debe estudiar detalladamente el tipo de servicio que presta, con el fin de determinar la correcta aplicación del IVA, así como el régimen de tributación en IS o IRPF, con el fin de determinar la correcta tributación y ahorro fiscal adecuado. Desde Carrillo Asesores podemos ayudar a estas plataformas a cumplir con todos los requisitos legales y tributarios.[sc name="firma_antonio"]...

Como hemos comentado en algunos posts anteriores, el ser considerado residente fiscal en un país u otro puede ser bastante significativo fiscalmente hablando. A veces este aspecto puede ser de difícil resolución, incluso puede ser que haya un “empate” (que dos países te consideren residente fiscal en base a sus legislaciones internas) y que haya que recurrir a “criterios de desempate” contemplados en los diferentes convenios de doble imposición. De ser residente en un país o no va a depender el tener que presentar un impuesto u otro (o ninguno) Lo habitual es presentar impuestos sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en los países donde se es residente y dejar de hacerlo cuando ya no se es (y pasar a ser sujeto pasivo del impuesto de Renta de No Residentes) Sin embargo existe una particularidad según la legislación actual en materia de IRPF, refrendado en consulta vinculante del pasado mes de Julio 2018: “No perderán la condición de contribuyentes por este impuesto las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Esta regla se aplicará en el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cuatro períodos impositivos siguientes.”Como se puede comprobar, hay casos en los que aunque uno se mude y se vaya del país a todos los efectos contemplados en los criterios de residencia actuales, debe seguir tributando por IRPF en España, pudiendo incurrir en multas y sanciones graves en caso de no hacerlo. Para ello el país donde se mude debe ser considerado como “paraíso fiscal” por la legislación española. Hay que prestar atención a este aspecto y tener en cuenta que no es una lista “fija” de territorios. De hecho está contemplado según la ley que “los países que firmen con España un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la  doble  imposición  con  cláusula  de  intercambio  de  información  dejarán  de  tener  la consideración  de  paraísos  fiscales  en  el  momento  en  que  dichos  convenios  o  acuerdos entren en vigor”.Por tanto, si te mudas a otro país, ten en cuenta las posibles consecuencias fiscales que puede acarrear y no te fíes de lo que hayas oído por ahí (sencillamente puede ser que algo que antes era de una forma ahora sea diferente).[sc name="firma_daniel"]...

 De cara a la declaración de la Renta por parte de los contribuyentes, hay que tener en cuenta una serie de ventajas fiscales particulares para personal creativo y artístico.Desde el departamento de Arte, Ocio y Deporte de Carrillo Asesores, somos especialistas en optimizar y ahorrar a nuestros creadores, ya que de la experiencia de los últimos años somos conscientes que no se están beneficiando de los incentivos fiscales puestos a su disposición por parte del legislador, quien ve en el sector de la Cultura una potencia económica a la que ayudar. ¿Cuánto podría deducirme en mi declaración de la Renta? En concreto, entre otras opciones, existe la posibilidad de deducirse hasta el 20% de los gastos empleados directamente en la producción de actividades escénicas y/o musicales en vivo, lo que a efectos prácticos viene a suponer un ahorro considerable para estos creadores a la hora de rellenar su declaración. ¿Qué requisitos debo cumplir? Para ello hay unos requisitos que cumplir, que pasan por documentar dicho coste hasta la obtención del certificado que lo acredite, los cuales conviene estudiar para estar seguros de que se cumplen. De esta manera nos aseguramos de que la Agencia Tributaria no nos vaya a practicar más tarde una liquidación complementaria de IRPF donde, además de exigirnos con intereses la deducción practicada en algún ejercicio anterior, nos puedan pedir una sanción que podría llegar a ser muy abultada.Existen herramientas y fórmulas a la hora de optimizar la carga fiscal de los creadores. Ya bastante difícil es crear como para que encima se haga todo más complicado no aplicándose estas herramientas cuando existe la posibilidad. [sc name="firma_julian" ] [sc name="firma_daniel" ]...

La gran duda que nos puede surgir a la hora de jubilarnos es determinar si cobramos un Plan de Pensión en forma de capital o de renta anual, y cuanto pagaremos por ello. Bien es sabido, que las aportaciones a planes de pensiones gozan de atractivo anualmente en el IRPF reduciendo su tributación con las primas pagadas. Sin embargo, a la hora de jubilarse o cobrar dicho plan de pensión queremos ahorrar impuestos, ya que a groso modo hay que devolver lo ahorrado en tributación en años anteriores. Para aclarar estos conceptos, podemos manifestar que, el Plan de pensión se puede cobrar en forma de capital, de renta, combinando capital y renta, e incluso sin periodicidad. En cuanto a su tributación en el IRPF, variará en función de la opción elegida:Formas en que se puede cobrar el Plan de Pensiones. Para aclarar estos conceptos, podemos manifestar que el Plan de pensión se puede cobrar en forma de capital, de renta, combinando capital y renta, e incluso sin periodicidad. En cuanto a su tributación en el IRPF, variará en función de la opción elegida:Cobro en forma de renta anual: Las cantidades que cobre en forma de renta se integrarán en el IRPF del año de cobro como rendimientos del trabajo, sin reducción alguna. Es decir, anualmente cobrará una renta que se integrará y sumará junto con la pensión de la Seguridad Social u otras prestaciones, lo que a final de cuentas tendrá una tributación mayor que si no hubiera percibido dichas rentas ya que el IRPF tiene una escala de tributación progresiva. Cobro total en el rescate: Las cantidades que cobre en forma de capital también se considerarán rendimientos del trabajo en el ejercicio de cobro. Pero, en este caso, las que correspondan a aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006 disfrutarán de una reducción del 40%. Luego hay que valorar estos aspectos también.A la hora de planificar, si nos enfrentamos a una jubilación a final de año y queremos empezar a cobrar el plan de forma inmediata, recuperando además las aportaciones realizadas hasta 2006 en forma de capital (para disfrutar de la reducción del 40% indicada), recomendamos que empiece a cobrar en este año de jubilación sólo en forma de renta, y que espere al año siguiente para cobrar la prestación en forma de capital. Así tributará menos, ya que el tipo marginal de su IRPF en el año n+1 seguramente será inferior al del año n (año de jubilación, año en el que todavía habrá cobrado un salario y sus rentas serán más elevadas). En este caso habrá que indicar al pagador (entidad bancaria o aseguradora), que las primeras prestaciones en forma de renta en 2018 sean imputadas a aportaciones realizadas...

Es recomendable pagar y luego reclamar la plusvalía municipal para evitar apremios (solve et repete), salvo que la pérdida sea manifiesta e incuestionable. Tenemos numerosas llamadas al despacho, pidiéndonos aclaración sobre el el tema de la plusvalía, y no es de extrañar como escribo en mi artículo publicado en el periódico La Verdad dado "El sinsentido de la plusvalía municipal" en la actualidad. A la vista de las circunstancias, recomendamos recurrir en todos lo casos y no sólo cuando hay pérdidas. Eso sí, estando siempre pendientes de los plazos: un mes desde la notificación en caso de liquidación y cuatro años en caso de autoliquidación. Si no, tendríamos que acudir a recursos extraordinarios y el proceso se complica.¿Pero hay certeza de que prosperen los recursos contra el impuesto de plusvalía? Los criterios que están siguiendo hasta ahora los tribunales son dispares - Los TSJ de Madrid, de Cataluña, de Castilla y León (Burgos), de Galicia, y de Navarra, han dictado ya sentencias expresando este criterio. Criterio que se ha venido a llamar maximalista porque entiende que el TC ha declarado inconstitucional el impuesto y no puede exigirse en ningún caso; - Los TSJ de Aragón, Murcia y Comunidad Valenciana que son más moderados, pues exigen que haya pérdida para anular la plusvalía. No obstante, algunos de ellos incluso trasladan la carga de esta prueba a la Administración; - El TS que todavía no se ha pronunciado pero que lo hará en breve porque ha admitido a trámite un recurso de casación para recomponer y ordenar el puzzle. Por último, ha sido publicada la proposición de ley de modificación de la plusvalía (IIVTNU) según la cual se puede exigir la plusvalía -que dicho sea de paso se calculará de forma objetiva igual que antes- sólo cuando exista ganancia. Para ello, habrá que estar al precio de compra y de venta (cosa esta que, aunque obvia, no estaba clara por no estar regulado) según los importes escriturados. Esta ley, al contrario de lo que estaba previsto en un primer momento, entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación en el BOE, lo que refuerza el criterio de impugnar las liquidaciones/autoliquidaciones en todo caso. Y es que, si finalmente el TS acabase acogiendo la teoría maximalista (cosa que, aunque difícil, no es descartable), todas las impugnaciones vivas sería anuladas y no podría exigirse. Como novedades de la Proposición de Ley, además de introducir el supuesto de no sujeción si se acredita que no hay incremento, advertir que las plusvalías de menos de un año quedan gravadas (antes no lo estaban) y que se pretende que en el siguiente devengo del impuesto tras una transmisión no sujeta se incluyan los años desde la última adquisición sujeta. Es decir, que se haría tributar...