El 3 de marzo entró en vigor la ley que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual  Se trata de la ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017El objetivo de esta norma es, principalmente, incorporar al ordenamiento jurídico español la normativa comunitaria. Ello con el fin de armonizar las normas nacionales de los Estados miembros que regulan las entidades de gestión. Se pretende fortalecer su transparencia y gobernanza y la gestión de los derechos de propiedad intelectual. A tal efecto, se dota de nuevos instrumentos que mejoran el control y la rendición de cuentas por sus órganos de gobierno y representación.Entre las principales novedades se encuentran las siguientes: Medidas para la lucha contra la piratería Nace la posibilidad de cerrar determinadas webs. Concretamente, aquellas que incumplan la ley de propiedad intelectual de forma grave y reiterada. Ello sin necesidad de autorización judicial. Usos de obras sin autorización de los titulares Esta reforma armoniza en el mercado interior ciertos usos de obras y prestaciones sin la autorización del titular de derechos. Se hace en favor de determinadas personas con discapacidad visual u otras dificultades para acceder a los textos impresos. Se pretende así mejorar la disponibilidad y el intercambio de determinadas obras y prestaciones protegidas en un formato accesible. Entidades de gestión Entre las novedades, destaca la regulación de ciertos aspectos orgánicos y de funcionamiento interno de las entidades de gestión. Por ejemplo, la creación de un órgano encargado del control interno de la gestión realizada por sus órganos de gobierno y representación.Observamos por primera vez en el ordenamiento jurídico español las licencias multiterritoriales. Estas facilitarán a los proveedores de servicios de música en línea la obtención del permiso necesario, mediante una única autorización trasfronteriza, para utilizar los derechos sobre obras o repertorios musicales en el territorio de varios Estados miembros e, incluso, de toda la Unión Europea.Se incluye un plazo de nueve meses para repartir y pagar a los titulares los derechos recaudados el año anterior. También la obligación de que las entidades de gestión lleven una contabilidad analítica que les permita adecuar el importe de sus descuentos de gestión a los costes reales en los que haya incurrido.Se regulan los requisitos exigidos para gestionar colectivamente derechos de propiedad intelectual. Las novedades en este sentido consisten en la inclusión de normas específicas aplicables a:las entidades...

El 1 de marzo fue aprobado en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley contra la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.  El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación es una de las leyes más esperadas del actual gobierno. Aunque se presumía de mayor calado, ha dejado varias medidas que nos acercan más a lo que debe ser una igualdad efectiva en materia laboral.En primer lugar, se amplían los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos progenitores. Para el progenitor distinto a la madre biológica se prevé la ampliación a 16 semanas. Esta se hará de forma progresiva hasta 2021.En segundo lugar, se recoge la reforma del Estatuto de los trabajadores para reforzar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, sin discriminación. Refuerza también el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, en línea con lo establecido en la Recomendación de 7 de marzo de 2014 de la Comisión Europea.Se establecerá la obligatoriedad de llevar un registro de los salarios desagregados por sexo. De esta forma, se introduce el concepto de salario de igual valor, reduciendo así la brecha salarial existente.Finalmente, se amplia el número de empresas obligadas a contar con planes de igualdad. Anteriormente, sólo afectaba a aquellas que tuvieran 250 personas empleadas o más. A partir de ahora, deberán tenerlo las compañías de más de 150. Desde el segundo año de vigencia, las de más de 100, y al tercero, las de más de 50.Estos planes de igualdad deberán hacerse constar en un registro que dependerá de la Dirección General de Trabajo. Dicho registro formará parte del que ya existe de convenios y acuerdos colectivos. Ventajas de la elaboración de un Plan de Igualdad Un Plan de Igualdad tiene como finalidad eliminar cualquier tipo de desigualdad o discriminación que pueda darse en una organización por razón de sexo e integrar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres como un beneficio básico de la organización y como eje de los procedimientos de gestión. El Plan de Igualdad debe propiciar la eliminación de los desequilibrios y desigualdad de mujeres y hombres.La puesta en marcha de un Plan de Igualdad no solo se debe realizar para cumplir con la normativa señalada. Su implantación trae consigo numerosas ventajas, entre las que destacamos:Retención del talento. Optimización de los recursos humanos, aprovechando la importante formación que están adquiriendo las mujeres y los buenos resultados que ofrecen. Mejora del clima laboral. Aumento de la reputación interna de compañía / organismo público entre la plantilla. Preparación para el futuro. Los equipos...

Ante la creciente importancia otorgada por las organizaciones a sus secretos empresariales, se ha aprobado una reglamentación europea para protegerlos. Los secretos empresariales consisten en aquella información que abarca, no solo los conocimientos técnicos y científicos, sino también los datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.En España, dicha información se protegía hasta ahora a través de disposiciones legales presentes en la Ley de Competencia desleal y el Código Penal. También mediante cláusulas que se introducían por las propias empresas en sus contratos laborales o con terceros.Se trata de una información cada vez más expuesta a prácticas desleales y apropiaciones indebidas.  Por ello, resulta tan acertada y necesaria la nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero de secretos empresariales. Esta Ley entrará en vigor el próximo 13 de marzo.Es fruto de la transposición de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos empresariales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. ¿Cómo es la Ley 1/2019? Está compuesta por veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.El primer capítulo regula el objeto de la Ley: la protección de los secretos empresariales. A tal efecto, dispone que secreto empresarial será cualquier información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte del titular para mantenerla en secreto.El segundo capítulo define cuáles son las conductas lícitas y a las que no resultan de aplicación las medidas previstas en la Ley. Además, determina las actuaciones que constituyen una violación de secretos empresariales. También introduce un término nuevo: “mercancías infractoras”. Son servicios cuyo diseño, proceso productivo o comercialización se benefician del secreto empresarial.El tercer capítulo establece el secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad. Por tanto, regula pormenorizadamente el régimen jurídico de la transmisibilidad, cotitularidad y licencia del mismo.En el cuarto capítulo, se establecen las acciones civiles que pueden ejercitarse frente a la infracción del secreto empresarial. Estas resultan muy similares a las que ya existían frente a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual. Ello es así tanto en lo que atañe a la solicitud de acciones de cesación y prohibición, como en lo que respecta a la indemnización de daños y perjuicios.Finalmente, el capítulo cinco preceptúa las reglas de jurisdicción, competencia y legitimación. Esto es, los juzgados que conocerán de las acciones de defensa de los secretos empresariales y las personas físicas y jurídicas que podrán ejercitar dichas acciones. Estas erán los titulares del secreto empresarial o los licenciatarios de la explotación del secreto empresarial.Es un acertado avance en la protección de información empresarial de...

RD.70/2019, MODIFICANDO EL REGLAMENTO DE ORDENACIÓN DE TRANSPORTES TERRESTRESEl nuevo ROTT  supone un paso más en la profesionalización del sector del transporte, y sus principales novedades son:1_Desaparece la tarjeta de transporte, la tarjeta física como se conocía hasta el momento. Ahora cualquier comprobación se realizará a través del registro electrónico y las empresas no tienen que preocuparse por el visado, ya que, aunque se mantiene cada dos años, será la propia administración quien se encargue de oficio.2_Se implantan las autorizaciones de transporte y encontraremos dos tipos:Autorización de transporte público de mercancías de ligero MDL (antigua tarjeta para vehículos de hasta 3.500 Kg. de MMA), para vehículos con peso máximo entre los 2.000 kg y los 3.500 kg, o autorizaciones de transporte de mercancías exclusivamente en vehículos que no superen las 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. En esta categoría entran los vehículos como: mixtos adaptables, furgonetas, camiones. Autorización de transporte público de mercancías de pesado MDP (antigua tarjeta para vehículos de más de 3.500 Kg. de MMA) o autorizaciones de transporte de mercancías en cualquier clase de vehículo. En esta categoría entran vehículos como: camiones de más de 3.500kg. de MMA, tractores, vehículos especiales, hormigoneras, etc.Es importante saber que, con la entrada en vigor del ROTT, todas las tarjetas MDL que están en alta y tienen adscrito un vehículo de más de 3.500 Kg. de peso máximo (MMA) se convertirán automáticamente en autorizaciones de pesado MDP.3_Requisitos para la primera autorización de transporte:Transporte ligero: Es necesario tener un solo vehículo en propiedad, en arrendamiento financiero (leasing) o en alquiler (el arrendamiento ordinario/alquiler es la novedad de la modificación). Trasporte pesado: Desaparece el requisito de la flota mínima (3 camiones en transporte de mercancías y 5 autobuses en transporte de viajeros).4_Transmisión de autorizaciones de transporte público de mercancías: se elimina el requisito de la antigüedad mínima de 10 años para poder transmitir las tarjetas, y se establece como nuevo que se tiene que transmitir todo, tanto la autorización como el vehículo adscrito a ella.5_Nueva regulación de la “pérdida de honorabilidad”, que implicará la suspensión de la validez de las autorizaciones de transporte durante un plazo de un año por cometer una única infracción muy grave o tres infracciones graves en determinados supuestos según la flota que posea la empresa transportista.6_Acceso a la profesión: Ahora es necesario obtener el título profesional de transportista u operador de transporte, para lo que se exigirá poseer un nivel académico previo, en concreto poseer al menos el título de bachiller o equivalente o bien el título de FP de grado medio.7_Nueva figura del “gestor de transporte”, hasta ahora denominado “capacitado”, que debe tener una vinculación real y efectiva con la empresa, estando contratado a jornada completa...

La nueva ley 10/2018 de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad La reciente Ley 10/2018, de aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad trata de homogeneizar el desfase legislativo existente respecto a la regularización del modelo económico, y que, hasta ahora, ha supuesto un obstáculo para la iniciativa de empresarios y emprendedores de la Región de Murcia.De dicha Ley podemos destacar principalmente las siguientes novedades: I. Infraestructuras industriales, turísticas, abastecimiento y sostenibilidad energética.Hace referencia a la insuficiente regulación que existe a cerca de los polígonos industriales, también denominados parques empresariales. En esta se contemplan aspectos como la regulación de los derechos y obligaciones en la relación entre usuarios y Administraciones Públicas, a través de las comunidades de gestión de áreas industriales. Se hace un guiño a la iniciativa industrial en el ámbito municipal a través de la figura del “Municipio industrial excelente”, galardón que obtendrán aquellos municipios comprometidos con la inversión industrial en su territorio.  Se adiciona un artículo 19 bis a la Ley 5/2013, de 8 de julio, de apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la Región de Murcia.II. Intervención urbanística y medioambiental.Se recoge la adecuación de regular los instrumentos de ordenación del territorio. Se aclaran determinados conceptos relativos a usos y obras provisionales, se ofrece una simplificación en la tramitación ambiental de actividades, evitando la duplicidad en una misma autorización entre la Administración regional y local, y, en esta misma línea, se regula la solicitud de informes facultativos, a través de la puesta a disposición del expediente en una plataforma telemática, debiendo entenderse que si la Administración consultada no emite su informe en el plazo requerido es que ha considerado que los valores protegidos no se encuentran afectados.III. Cooperativismo, comercio y protección de los consumidores y usuarios.Modifica la Ley 8/2006 de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, haciendo referencia a aspectos como su composición, inscripción, cuentas anuales o sus causas de disolución. En el ámbito de protección a los consumidores y usuarios, se realizan modificaciones de la Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de la región de Murcia.IV. Espectáculos públicos.Se modifica el artículo 7 de la Ley 9/2016, de 2 de junio, de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en la CCAA de la región de Murcia, respecto a la competencia para incoar y resolver procedimientos sancionadores. Habilita a los vigilantes de seguridad para ejercer la función de controladores de acceso.V. Otras medidas sectoriales de agilización y simplificación de trámites.Modifica la Ley 8/2007,...

No es fácil hacer de tu pasión tu medio de vida. A menudo el mundo del deporte nos parece muy glamuroso pero no debemos olvidar que no todos los deportistas son los que salen por la televisión. Messis y Ronaldos hay pocos. Y bajando de las superestrellas, no siempre puede un deportista, incluso de alto nivel dependiendo de la disciplina que sea, dedicarse a ello profesionalmente al no obtener de ello una remuneración suficiente. Para estos deportistas muchas veces son fundamentales los ingresos procedentes de los patrocinadores. Ahora bien, ¿Qué tiene que hacer el deportista de cara a la Agencia Tributaria con esos ingresos de patrocinio?La legislación actual califica como los rendimientos de actividades económicas y en concreto rendimientos profesionales a los derivados del ejercicio de actividades incluidas en las Secciones Segunda y Tercera de las Tarifas del IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas) entre las que se encuentran las actividades relacionadas con el deporte. Además, explícitamente se cita en consulta vinculante de la dirección general de tributos hablando de los rendimientos procedentes de actividades deportivas: “rendimientos entre los que evidentemente se incluyen los que se pudieran obtener de patrocinadores” (V0702-18 de 15/03/2018).  ¿Cómo se consideran los ingresos por patrocinio? Por tanto estos ingresos de patrocinadores serán considerados rendimientos de actividades económicas profesionales del deportista de cara a su declaración de IRPF, con las obligaciones que eso conlleva (emisión de facturas, posibilidad de deducibilidad de gastos…) El beneficio de la actividad deportiva procedente de los ingresos por patrocinio será la cantidad sobre la que el deportista deberá tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Hay que tener cuidado ya que a menudo, si bien los ingresos de estos patrocinadores aparecerán en los datos fiscales del deportista, no será así con los gastos necesarios para la obtención de estos ingresos y que cumpliendo los requisitos contables y legales podrían ser deducibles y reducen (en muchos casos en cuantías importantes) la “factura fiscal” anual del deportista. Por tanto conviene llevar un cierto control. Por ejemplo:Imaginemos que un deportista obtiene 10.000 euros de ingresos de patrocinio a lo largo de un ejercicio. Para la obtención de esos ingresos, supongamos que ha necesitado gastar 3.000 euros de gastos deducibles por la actividad conforme a la ley. Es posible que pase lo siguiente:* A la hora de la declaración de la renta, la Agencia Tributaria cuenta con la información de los ingresos por patrocinios. Si damos por buena esa información simplemente, e imaginando un tipo del 20% para simplificar cálculos, el deportista pagaría de IRPF 2.000 euros (10.000 de beneficio por el 20%) * Sin embargo, si incluimos los gastos que la ley nos permite y de los cuales la Agencia Tributaria no...

El pasado 18 de mayo se ha aprobado el esperado Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores tras su retraso en marzo de 2018. Finalmente podemos afirmar que, como norma general, a partir del 1 de julio, las bolsas plásticas deberán cobrarse.Tal y como adelantábamos en nuestros post anteriores, el objetivo de esta nueva normativa es la reducción del consumo de bolsas de plástico en España para cumplir así con lo fijado en la legislación europea, siendo las razones que han llevado a dicha legislación a limitar el consumo de bolsas de plástico de ámbito medioambiental. ¿Cómo deben ser las bolsas? Los puntos básicos del Real Decreto son los ya previstos en el Proyecto, y que podemos resumir en: A partir del 1 de Julio de 2018, se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras y de las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado. A partir del 2020 las bolsas gruesas deben contener al menos un 50% de plástico reciclado y se prohíben las de plástico fragmentable.A partir del 2021 se prohíben las bolsas de plástico ligeras y muy ligeras salvo las compostables. Entonces, ¿qué bolsas de plástico se deben cobrar? Se deberán cobrar todas las bolsas de plástico, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras de menos de 15 micras, eso sí, estas deben utilizarse por cuestiones higiénicas y/o para alimentos a granel. Además, las bolsas compostables y biodegradables deberán tener un precio mínimo inferior a las bolsas de plástico estándar. Precios orientativos Finalmente, se establecen unos precios orientativos para las bolsas de plástico: Bolsas de espesor inferior a 15 micras (muy ligeras) destinadas a usos diferentes a los necesarias por razones de higiene, o que se suministran como envase primario para alimentos a granel, como fruta, legumbre, carne, pescado, entre otros, cuando su uso contribuye a prevenir el desperdicio de estos alimentos: 5 céntimos de euro/bolsa. Bolsas de espesor comprendido entre las 15 y las 49 micras (ligeras): 15 céntimos de euro/bolsa. Bolsas de espesor igual o superior a las 50 micras: 15 céntimos de euro/bolsa. Bolsas de espesor igual o superior a 50 micras, con contenido igual o superior a 50% de plástico reciclado pero inferior al 70%: 10 céntimos de euros/ bolsa.  Con todo ello lo que se persigue es reducir el consumo de un producto cuya media de uso no llega al cuarto de hora y que, sin embargo, tarda años en desaparecer del medio ambiente. Además, se ha sabido en los últimos días que España es el segundo país europeo que más plástico vierte al Mediterráneo, según...

La ley 12/2013 consolidada para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria pretende aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español. Para ello, prevé un código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria. La regulación incide básicamente en los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. Finalidad, objeto y exclusiones de la ley 12/2013 Tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa, que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los consumidores. En definitiva, proteger al pequeño empresario, agricultor o ganadero, respecto a los comercializadores de los productos y evitar la dependencia económica.El objeto de la ley son relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios. Además, la ley amplía su ámbito de aplicación a animales vivos, piensos y materias primas para alimentación animal.Se excluyen del ámbito de aplicación de la ley las relaciones comerciales:-        de los agentes de la cadena alimentaria con otros operadores económicos que sean ajenos al ámbito alimentario, así como con los consumidores y el canal de hostelería.-        que tienen por objeto la entrega de producto de un socio a su entidad asociativa, siempre y cuando los socios estén obligados a ello por los estatutos de la asociación (cooperativas agrarias y otras entidades asociativas. Contratos alimentarios La novedad más significativa es el establecimiento de la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena, para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, que serán formalizados antes del inicio de las prestaciones. Solo se aplica para transacciones comerciales a partir de 2.500 euros, cuando una de las partes es productor primario o una agrupación de estos o PYME y el otro no, o cuando haya una dependencia económica de la otra parte.Asimismo, se establece esta obligación para las operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido, excepto si el precio es inferior a 2.500 euros.Se excluyen las relaciones en las que el pago se realice al contado contra la entrega de productos alimenticios.Se establece, además, la obligación de incorporar los elementos esenciales de los mismos (identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, información a suministrar, duración y causas y efectos de la extinción).Prácticas abusivas comerciales La novedad, en esta materia, es que se regulan una serie de prácticas comerciales que vienen produciéndose en las relaciones comerciales y que merman...

Las sociedades tendrán que adoptar medidas técnicas y organizativas para garantizar un nivel de seguridad del tratamiento de información personal En los últimos meses se habla de la necesidad que tienen las entidades de adaptarse a la nueva normativa de protección de datos, pero resulta algo más complejo saber en qué se traduce la obligación de esta práctica. El nuevo Reglamento de Protección de Datos impone a las empresas la implantación de una política de protección de datos 'desde el diseño' y 'por defecto', lo que quiere decir que el empresario asume un compromiso de proactividad en el cumplimiento de la normativa de protección de datos de su compañía: debe adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas, con el fin de garantizar un nivel de seguridad del tratamiento de datos personales adecuado al riesgo que conlleva, y no debe tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para cada una de las finalidades del tratamiento que realicen.Para cumplir con la normativa de protección de datos, es necesario contar con el asesoramiento apropiado de expertos en privacidad y protección de datos. Por ello, en Carrillo Asesores cuentan con un equipo formado por profesionales especializados y colaboradores externos que ayudan a proteger la empresa y a prevenir sanciones. Para ello, informan a las empresas de las novedades en esta normativa para que estén al tanto de las principales tareas que conlleva su implantación.Para algunas entidades, este Reglamento supone el punto de partida, ya que no tenían implantada la anterior Ley de Protección de Datos y deberán adaptarse desde cero. Para otras, conllevará un proceso de cambios en la política de protección de datos que ya tenían implantada.En primer lugar, hay que analizar la necesidad de nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPO), que será obligatorio en entidades públicas y también en entidades privadas en caso de que la compañía realice tratamientos de datos personales a gran escala. Estarán especialmente protegidas las categorías especiales de datos como salud, datos genéticos y biométricos, origen racial, convicciones religiosas, afiliación sindical, etc. El DPO se encargará de informar y asesorar a la compañía y a sus empleados de sus obligaciones en protección de datos, de supervisar el cumplimiento de las mismas y de actuar como 'punto de contacto' con la autoridad de control.En segundo lugar, hay que solicitar el consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de datos personales en caso de que sea obligatorio, y deberá basarse en una acción afirmativa del interesado, no siendo válidos los consentimientos obtenidos de forma tácita o por omisión. En cuanto al envío de publicidad, a partir del 25 de mayo será necesario haber obtenido el previo consentimiento expreso e inequívoco del interesado para enviarle publicidad.Adecuar la información sobre...

Las empresas que llevan a cabo el control horario de empleados por huella dactilar pueden verse afectadas por la entrada en vigor del nuevo RGPD a partir del próximo 25 de Mayo. Hemos recibido numerosas consultas relativas al uso de la huella dactilar (o “huella digital”) para controlar la entrada y salida de los trabajadores de las instalaciones de la empresa. Son muchas las entidades que han implantado esta medida de control creyendo que están absolutamente legitimadas para ello, sin conocer las consecuencias jurídicas de su implantación. A través de este post, queremos despejar las dudas relativas a este medio de control puesto que NO siempre va a ser lícito y es conveniente tener en cuenta lo siguiente: ¿para qué sirve tener este medio de control si es ilícito, posiblemente no va a poder ser utilizarlo como medio de prueba en caso de despido y, además, le pueden sancionar por ello?A) Normativa y jurisprudencia actual sobre la huella dactilar. Partimos de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha señalado que las huellas digitales son datos biométricos que permiten la identificación de las personas físicas e incluso conocer ciertos aspectos de su personalidad y conducta. Dada esa posibilidad de identificación, se consideran datos de carácter personal y es obligatorio cumplir la normativa de protección de datos. Conforme a la actual LOPD, el empresario está legitimado para el tratamiento de datos personales de sus trabajadores, sin necesidad de solicitar su consentimiento, cuando sean necesarios para el mantenimiento o cumplimiento de la relación laboral que les une. Pero no en cualquier caso. A la hora de decidir si es necesario adoptar una medida concreta de control que comporte un tratamiento de datos personales de los trabajadores, como puede ser el control de acceso por huella digital, debe aplicarse el principio de “proporcionalidad” en relación a la finalidad buscada (que es el control del cumplimiento de las obligaciones y deberes del trabajador). El principal motivo es que el empresario no está amparado para ejercer las facultades de vigilancia y control que desee, pues sus facultades empresariales también están limitadas por el respeto a los derechos fundamentales del trabajador, y muy especialmente el derecho constitucional a su intimidad personal. Para saber si es proporcional dicha medida de control, la jurisprudencia entiende que es necesario que cumpla tres requisitos: que sea idónea, necesaria, proporcional o equilibrada. Es decir, antes de instalar un control de acceso con huella dactilar, la empresa debe preguntarse si es proporcional a la finalidad buscada o si existen otros medios menos intrusivos para los derechos y libertades de sus trabajadores, que sean adecuados y pertinentes para la finalidad perseguida. Por ejemplo, en este caso, pueden existir otras medidas menos intrusivas que la huella dactilar como, por ejemplo, un registro de firmas...