El pasado 18 de mayo se ha aprobado el esperado Real Decreto 293/2018 sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de Productores tras su retraso en marzo de 2018. Finalmente podemos afirmar que, como norma general, a partir del 1 de julio, las bolsas plásticas deberán cobrarse. Tal y como adelantábamos en nuestros post anteriores, el objetivo de esta nueva normativa es la reducción del consumo de bolsas de plástico en España para cumplir así con lo fijado en la legislación europea, siendo las razones que han llevado a dicha legislación a limitar el consumo de bolsas de plástico de ámbito medioambiental. ¿Cómo deben ser las bolsas? Los puntos básicos del Real Decreto son los ya previstos en el Proyecto, y que podemos resumir en: A partir del 1 de Julio de 2018, se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras y de las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado. A partir del 2020 las bolsas gruesas deben contener al menos un 50% de plástico reciclado y se prohíben las de plástico fragmentable. A partir del 2021 se prohíben las bolsas de plástico ligeras y muy ligeras salvo las compostables. Entonces, ¿qué bolsas de plástico se deben cobrar? Se deberán cobrar todas las bolsas de plástico, a excepción de las bolsas de plástico muy ligeras de menos de 15 micras, eso sí, estas deben utilizarse por cuestiones higiénicas y/o para alimentos a granel. Además, las bolsas compostables y biodegradables deberán tener un precio mínimo inferior a las bolsas de plástico estándar. Precios orientativos Finalmente, se establecen unos precios orientativos para las bolsas de plástico: Bolsas de espesor inferior a 15 micras (muy ligeras) destinadas a usos diferentes a los necesarias por razones de higiene, o que se suministran como envase primario para alimentos a granel, como fruta, legumbre, carne, pescado, entre otros, cuando su uso contribuye a prevenir el desperdicio de estos alimentos: 5 céntimos de euro/bolsa. Bolsas de espesor comprendido entre las 15 y las 49 micras (ligeras): 15 céntimos de euro/bolsa. Bolsas de espesor igual o superior a las 50 micras: 15 céntimos de euro/bolsa. Bolsas de espesor igual o superior a 50 micras, con contenido igual o superior a 50% de plástico reciclado pero inferior al 70%: 10 céntimos de euros/ bolsa.   Con todo ello lo que se persigue es reducir el consumo de un producto cuya media de uso no llega al cuarto de hora y que, sin embargo, tarda años en desaparecer del medio ambiente. Además, se ha sabido en los últimos días que España es el segundo país europeo que más plástico vierte al Mediterráneo, según...

La ley 12/2013 consolidada para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria pretende aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español. Para ello, prevé un código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria. La regulación incide básicamente en los contratos alimentarios y las prácticas comerciales abusivas. Finalidad, objeto y exclusiones de la ley 12/2013 Tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa, que redunde en beneficio no sólo del sector sino también de los consumidores. En definitiva, proteger al pequeño empresario, agricultor o ganadero, respecto a los comercializadores de los productos y evitar la dependencia económica. El objeto de la ley son relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios. Además, la ley amplía su ámbito de aplicación a animales vivos, piensos y materias primas para alimentación animal. Se excluyen del ámbito de aplicación de la ley las relaciones comerciales: -        de los agentes de la cadena alimentaria con otros operadores económicos que sean ajenos al ámbito alimentario, así como con los consumidores y el canal de hostelería. -        que tienen por objeto la entrega de producto de un socio a su entidad asociativa, siempre y cuando los socios estén obligados a ello por los estatutos de la asociación (cooperativas agrarias y otras entidades asociativas. Contratos alimentarios La novedad más significativa es el establecimiento de la obligación de formalizar por escrito los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores de la cadena, para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, que serán formalizados antes del inicio de las prestaciones. Solo se aplica para transacciones comerciales a partir de 2.500 euros, cuando una de las partes es productor primario o una agrupación de estos o PYME y el otro no, o cuando haya una dependencia económica de la otra parte. Asimismo, se establece esta obligación para las operaciones de compra-venta a futuro o con precio diferido, excepto si el precio es inferior a 2.500 euros. Se excluyen las relaciones en las que el pago se realice al contado contra la entrega de productos alimenticios. Se establece, además, la obligación de incorporar los elementos esenciales de los mismos (identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos y obligaciones, información a suministrar, duración y causas y efectos de la extinción). Prácticas abusivas comerciales La novedad, en esta materia, es que se regulan una serie de prácticas comerciales que vienen produciéndose en las relaciones comerciales y que merman...

Las sociedades tendrán que adoptar medidas técnicas y organizativas para garantizar un nivel de seguridad del tratamiento de información personal En los últimos meses se habla de la necesidad que tienen las entidades de adaptarse a la nueva normativa de protección de datos, pero resulta algo más complejo saber en qué se traduce la obligación de esta práctica. El nuevo Reglamento de Protección de Datos impone a las empresas la implantación de una política de protección de datos 'desde el diseño' y 'por defecto', lo que quiere decir que el empresario asume un compromiso de proactividad en el cumplimiento de la normativa de protección de datos de su compañía: debe adoptar las medidas técnicas y organizativas apropiadas, con el fin de garantizar un nivel de seguridad del tratamiento de datos personales adecuado al riesgo que conlleva, y no debe tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para cada una de las finalidades del tratamiento que realicen. Para cumplir con la normativa de protección de datos, es necesario contar con el asesoramiento apropiado de expertos en privacidad y protección de datos. Por ello, en Carrillo Asesores cuentan con un equipo formado por profesionales especializados y colaboradores externos que ayudan a proteger la empresa y a prevenir sanciones. Para ello, informan a las empresas de las novedades en esta normativa para que estén al tanto de las principales tareas que conlleva su implantación. Para algunas entidades, este Reglamento supone el punto de partida, ya que no tenían implantada la anterior Ley de Protección de Datos y deberán adaptarse desde cero. Para otras, conllevará un proceso de cambios en la política de protección de datos que ya tenían implantada. En primer lugar, hay que analizar la necesidad de nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPO), que será obligatorio en entidades públicas y también en entidades privadas en caso de que la compañía realice tratamientos de datos personales a gran escala. Estarán especialmente protegidas las categorías especiales de datos como salud, datos genéticos y biométricos, origen racial, convicciones religiosas, afiliación sindical, etc. El DPO se encargará de informar y asesorar a la compañía y a sus empleados de sus obligaciones en protección de datos, de supervisar el cumplimiento de las mismas y de actuar como 'punto de contacto' con la autoridad de control. En segundo lugar, hay que solicitar el consentimiento expreso e inequívoco para el tratamiento de datos personales en caso de que sea obligatorio, y deberá basarse en una acción afirmativa del interesado, no siendo válidos los consentimientos obtenidos de forma tácita o por omisión. En cuanto al envío de publicidad, a partir del 25 de mayo será necesario haber obtenido el previo consentimiento expreso e inequívoco del interesado para enviarle publicidad. Adecuar la información sobre...

Las empresas que llevan a cabo el control horario de empleados por huella dactilar pueden verse afectadas por la entrada en vigor del nuevo RGPD a partir del próximo 25 de Mayo. Hemos recibido numerosas consultas relativas al uso de la huella dactilar (o “huella digital”) para controlar la entrada y salida de los trabajadores de las instalaciones de la empresa. Son muchas las entidades que han implantado esta medida de control creyendo que están absolutamente legitimadas para ello, sin conocer las consecuencias jurídicas de su implantación. A través de este post, queremos despejar las dudas relativas a este medio de control puesto que NO siempre va a ser lícito y es conveniente tener en cuenta lo siguiente: ¿para qué sirve tener este medio de control si es ilícito, posiblemente no va a poder ser utilizarlo como medio de prueba en caso de despido y, además, le pueden sancionar por ello? A) Normativa y jurisprudencia actual sobre la huella dactilar. Partimos de que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ha señalado que las huellas digitales son datos biométricos que permiten la identificación de las personas físicas e incluso conocer ciertos aspectos de su personalidad y conducta. Dada esa posibilidad de identificación, se consideran datos de carácter personal y es obligatorio cumplir la normativa de protección de datos. Conforme a la actual LOPD, el empresario está legitimado para el tratamiento de datos personales de sus trabajadores, sin necesidad de solicitar su consentimiento, cuando sean necesarios para el mantenimiento o cumplimiento de la relación laboral que les une. Pero no en cualquier caso. A la hora de decidir si es necesario adoptar una medida concreta de control que comporte un tratamiento de datos personales de los trabajadores, como puede ser el control de acceso por huella digital, debe aplicarse el principio de “proporcionalidad” en relación a la finalidad buscada (que es el control del cumplimiento de las obligaciones y deberes del trabajador). El principal motivo es que el empresario no está amparado para ejercer las facultades de vigilancia y control que desee, pues sus facultades empresariales también están limitadas por el respeto a los derechos fundamentales del trabajador, y muy especialmente el derecho constitucional a su intimidad personal. Para saber si es proporcional dicha medida de control, la jurisprudencia entiende que es necesario que cumpla tres requisitos: que sea idónea, necesaria, proporcional o equilibrada. Es decir, antes de instalar un control de acceso con huella dactilar, la empresa debe preguntarse si es proporcional a la finalidad buscada o si existen otros medios menos intrusivos para los derechos y libertades de sus trabajadores, que sean adecuados y pertinentes para la finalidad perseguida. Por ejemplo, en este caso, pueden existir otras medidas menos intrusivas que la huella dactilar como, por ejemplo, un registro de firmas...

Cinco cuestiones sobre la nueva ley de protección de datos que debe hacerse todo empresario. 1. ¿Por qué todo el mundo habla de “adecuarse a la nueva ley de protección de datos”? El pasado 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos o (RGPD), un reglamento europeo que cambia el paradigma en la regulación de protección de datos en todos los estados miembros de la Unión Europea y que es de aplicación obligatoria a partir del próximo 25 de mayo de 2018. 2. ¿Se trata de una ley de protección de datos nueva? En puridad, no. El nuevo RGPD introduce nuevas obligaciones y derechos en materia de protección de datos y aumenta las sanciones ante el incumplimiento de la normativa a partir del próximo mes de mayo. No obstante, en la actualidad, está en vigor la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que establece derechos y obligaciones de obligado cumplimiento para toda entidad o persona que recabe y trate datos personales desde el año 2000. Una normativa obligatoria pero desconocida para muchas entidades, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. 3. ¿Qué obligaciones tiene mi empresa con la nueva ley de protección de datos? Hasta la fecha, con carácter general, cualquier empresa que recabe datos personales de sus clientes, proveedores, colaboradores, usuarios… tales como el nombre, apellidos, correo electrónico y dirección postal, datos de infracciones penales, datos relativos a la salud u otros datos sensibles, tiene, entre otras, las siguientes obligaciones: - Recabar los datos personales de forma consentida, lícita y legítima - No ceder datos a terceros sin el previo consentimiento de los afectados o habilitación legal - Informar a sus titulares de la finalidad para la que se recaban los datos - Notificar e inscribir los ficheros de datos en la Agencia Española de Protección de Datos - Garantizar que los titulares puedan ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos en los términos previstos en la ley - Suscribir contratos con los encargados de tratamiento para garantizar que éstos cumplan sus obligaciones de protección de datos - Garantizar la confidencialidad y seguridad de los datos personales en su organización - Cumplir con las garantías exigidas en transferencia internacional de datos en caso de cesión o comunicación de los datos a terceros que estén fuera del territorio del Espacio Económico Europeo - Obligaciones concretas en caso de tener instaladas cámaras de videovigilancia en sus instalaciones o utilizar dispositivos GPS El nuevo Reglamento modifica el esquema actual e introduce la responsabilidad activa de las entidades que tratan datos personales, obligándolas a adoptar medidas que aseguren razonablemente que están en condiciones de cumplir el nuevo Reglamento. Dicha responsabilidad activa implica NUEVAS OBLIGACIONES para las entidades, tales como: - Realizar un registro de actividades de tratamiento - Necesidad de recoger...

Para los que quieran ser como airbnb; nuevas obligaciones informativas para intermediarios de alquileres turísticos. El negocio turístico en España es de los más importantes en su conjunto. Y en los últimos tiempos el sector se está transformando, no solamente en la demanda sino también en la oferta. El auge, sobre todo vía plataformas por Internet, de nuevos intermediarios en el alquiler de vivienda vacacional ha aumentado exponencialmente la oferta de las mismas (por las facilidades, difusión y garantías tanto para turistas como para propietarios de las viviendas ofrecidas a la hora de alquilar) Muchas veces esto proporciona unos ingresos a los propietarios de viviendas, ingresos que no siempre se declaran correctamente en las correspondientes declaraciones. En la práctica para la Agencia Tributaria es difícil controlar los ingresos de estas transacciones sin la colaboración de los referidos intermediarios. Nuevas obligaciones informativas para intermediarios de alquileres turísticos. A partir de 2018 surge una nueva obligación de información a proporcionar a la Agencia Tributaria dirigida a estos intermediarios de alquiler de viviendas para vacaciones. Y esto incluye tanto a gigantes de Internet como pueden ser AirBnb o Wimdu como a cualquiera que sea intermediario en este tipo de operaciones (agencias inmobiliarias) ya sea que actúen por Internet o por cualquier otro canal. Hay que tener en cuenta que esta nueva obligación es exclusivamente para alquiler de vivienda vacacional, es decir, no para alquileres de vivienda habitual. En concreto las excepciones son: -Los alquileres de vivienda destinados a ser vivienda permanente del inquilino así como el subarriendo parcial de la vivienda (artículos 2 y 8 de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos) -Alojamientos turísticos que tengan normativa específica. -El derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Contenido de la normativa para intermediarios de alquileres de vivienda vacacional. Aunque el modelo de declaración en sí está pendiente de aprobación, la normativa si nos adelanta su contenido. Será simplemente identificar a las dos partes (dueño de la propiedad y titular del derecho de cesión en caso de que sea diferente por un lado y el turista inquilino por otro) identificar el inmueble con la referencia catastral e informar de la duración de la estancia y el precio cobrado en caso de no tratarse de estancia gratuita. Hay que indicar también que la norma indica que existe la obligación por parte del que cede la vivienda (propietario o no) de conservar una copia del documento de identificación de los turistas inquilinos (documento exigido por normativa de orden público, entre otros, el pasaporte en vigor). Por tanto, aunque en principio pueda parecer que esto solo afecta a multinacionales extranjeras de Internet, cualquier negocio inmobiliario que realice una operación de intermediación como la descrita en este post tendrá la obligación de realizar esta nueva declaración informativa a partir de 2018. Si...

Retraso en la aprobación de la normativa que obliga a los comercios a cobrar las bolsas de plástico. Se retrasa la aprobación del proyecto de real decreto para la reducción del consumo de bolsas de plástico. Si bien estaba previsto que el Real Decreto fuera aprobado y dicha obligación fuera aplicable a partir del próximo 1 de marzo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha informado al sector de que aún quedan algunos trámites preceptivos por cumplir (entre los que destacan el visto bueno del Consejo de Estado y la aprobación por parte del Consejo de Ministros) antes de que se apruebe la normativa, y que la previsión es que pueda salir adelante “a mediados de 2018“. Según consta en una repuesta del Ministerio remitida al sector: Respecto a la fecha de entrada en vigor del cobro obligatorio de las bolsas de plástico, si bien la fecha que estaba prevista en el proyecto de Real Decreto era desde 1 de marzo, dicha fecha se revisará a la luz de los trámites pendientes mencionados anteriormente Entrada en vigor de la normativa bolsas de plástico en comercios Recordemos que el Proyecto de Real Decreto recoge, en cumplimiento de la normativa europea, la obligación de cobrar las bolsas de plástico en los comercios, salvo que sean de las calificadas como “muy ligeras”, todo ello previsto, inicialmente, a partir del 1 de marzo de 2018. Además, contempla que a partir del 1 de enero de 2020 no se podrán entregar a los consumidores bolsas de plástico ligeras y muy ligeras, excepto si son de plástico compostable. Dado el retraso en la aprobación, tendremos que esperar hasta “mediados de 2018” para aplicar la normativa europea. Si desean ampliar información, pueden leer más sobre la normativa de bolsas de plástico, aquí. Soraya Martínez López Abogada especialista en extraprocesal, administrativo, y herencias en Carrillo Asesores 968 24 22 58 info@carrilloasesores.com Consulte con nosotros, podemos solucionar sus problemas. Con este blog queremos ayudar al empresario y administrador a conocer mejor el marco legal y fiscal donde hace negocios. Las publicaciones y comentarios que aquí se reflejan son de carácter general por lo que no constituyen asesoramiento jurídico. ...

Actualización: Retrasada la entrada en vigor de la nueva normativa, pueden ver más información, aquí. A partir del 1 de marzo, las bolsas de plástico ligeras no podrán ser gratuitas. Con la finalidad de reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras, en el ámbito de la Unión Europea se aprobó la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras. A finales de diciembre de 2016 se sometió a información pública el proyecto de real decreto para incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015. Dadas las observaciones y comentarios resultantes del trámite de audiencia, se elaboró una segunda versión del proyecto de real decreto que, dada la importancia de los cambios introducidos y en aras de la transparencia y de la mayor seguridad jurídica, se decidió someter nuevamente a tramitación completa, es decir, a un segundo trámite de información pública. Medidas en que se fundamente el Real Decreto para la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras. El establecimiento, desde 1 de marzo de 2018, del cobro obligatorio de un precio por bolsa de plástico ligera y con espesor igual o superior a 50 micras, entregada al consumidor. Por lo que desde esa fecha todas las bolsas de plástico, compostables* y no compostables, tendrán un precio que será fijado por el comerciante, pudiendo éste tomar como referencia los precios orientativos establecidos en el anexo I del Real Decreto. Y el establecimiento, desde el 1 enero de 2020, de la prohibición definitiva de las bolsas de plástico ligeras que no sean compostables. Se prohíben también desde esa fecha las bolsas de plástico fragmentable. *Compostables. El compostaje se realiza normalmente como un proceso de reciclado de la fracción orgánica (restos de comida o alimentos) de los residuos sólidos domésticos, además de los restos vegetales provenientes de las podas, hojas de los árboles, limpiezas de jardines, etc. Si un proceso es compostable, significa que ese material se degrada biológicamente produciendo dióxido de carbono, agua, compuestos inorgánicos y biomasa a la misma velocidad que el resto de materia orgánica que se está compostando con éste, sin dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles. El hecho de que un plástico sea biodegradable no quiere decir que también sea compostable, es decir, que sirva para hacer compost o abono orgánico. La clave está en el tiempo que se tarda para llevar a cabo los dos procesos. Las bolsas de plástico compostables son similares a las biodegradables pero con un tiempo menor de descomposición (menos de 18 meses). Excepciones de la obligación del cobro...