El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril. Incluye un nuevo paquete de medidas para agilizar la administración de Justicia. Son medidas procesales y organizativas para hacer frente al coronavirus COVID-19. Estas inciden en:Plazos procesales. Ampliación de jornada laboral. Agilización de procedimientos.Destacamos a continuación las más importantes: Medidas para agilizar la administración de JusticiaSe declaran hábiles para actuaciones procesales los días 11 a 31 de agosto. Los plazos procesales que quedaron suspendidos con la declaración del estado de alarma se volverán a computar desde el inicio cuando cese la situación de suspensión de plazos. Los plazos para el recurso de sentencias y resoluciones que hayan sido notificados durante el periodo de suspensión o en los veinte días hábiles siguientes tendrán el doble de duración. Se establece un procedimiento especial y ágil en materia de familia para asuntos como régimen de visitas y cargas familiares. Se establece una tramitación especial para los procedimientos de impugnación de ERTES adoptados con ocasión del COVID19.Medidas para evitar la destrucción de empresas Se incluyen también una serie de medidas en el ámbito concursal con una clara finalidad de evitar la destrucción de empresas. Así:Las empresas que estén cumpliendo un convenio podrán solicitar una modificación del mismo para adaptarlo a las nuevas circunstancias y en caso de no poder cumplirlo tendrán un año para solicitar la apertura de la fase de liquidación. También podrá solicitarse la modificación de acuerdos de refinanciación. Las empresas en situación de insolvencia podrán demorar la presentación del concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020, y los Juzgados no admitirán a trámite demandas de concurso necesario. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.Otras medidasSe prevé la celebración por videoconferencia de juicios. El refuerzo de la plantilla judicial. Los profesionales quedan dispensados del uso de togas.No dudes en seguir nuestro blog para estar al tanto de todas las medidas que afectan a este estado de alarma. Si tienes cualquier duda al respecto de estas medidas para agilizar la administración de Justicia, contacta con nosotros. En...

La prescripción en el ámbito del derecho penal conforma la pérdida, por el Estado, del derecho a investigar y condenar una conducta delictiva.A pesar de ser un derecho que ampara a todos los ciudadanos es una cuestión que suscita mucha polémica, sobre todo en relación a aquellos delitos que causan más rechazo entre la sociedad, pues en definitiva supone la exoneración de responsabilidad penal por el mero transcurso del tiempo.El fundamento jurídico de la prescripción se resume en el principio de seguridad jurídica, uno de los principios fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Este principio se basa en la predictibilidad, esto es, que los ciudadanos conozcan de antemano tanto las normas de derecho aplicables como las consecuencias jurídicas que se derivan de sus actos.  Nuestro Código Penal recoge en su artículo 131 una serie de plazos, según la gravedad del delito: Veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de quince o más años.  Quince años, para aquellos delitos castigados con pena de inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años.  Diez años para delitos castigados con más de cinco años y menos de diez años de pena de cárcel  Cinco años, para el resto de delitos excepto los delitos leves y las calumnias e injurias, que prescriben al año. La fijación de unos determinados plazos en el Código Penal tiene diversos fines, entre otros, evitar que se sustancie un proceso con dificultades probatorias, la protección del derecho de todo ciudadano a un proceso sin dilaciones indebidas así como facilitar la descongestión de juzgados y tribunales. El mismo artículo recoge, a su vez, una serie de acciones penales que son imprescriptibles, como los delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio o los cometidos contra las personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado. El artículo 132 del mismo texto legal recoge el momento inicial desde el cual empieza el cómputo del transcurso del tiempo de la prescripción, siendo este el de la comisión del delito. Sin embargo, en los delitos continuados o permanentes, así como en aquellas infracciones que exijan habitualidad, el cómputo del plazo comenzará el día en el que se realice la última infracción, desde que se elimine la situación ilícita o desde que cese la conducta delictiva. Entre este tipo de delitos se encuentran, entre otros, el secuestro o el abandono de familia. En aquellos casos en los que la víctima sea menor de edad en delitos como lesiones, aborto no consentido, tentativa de homicidio, trata de seres humanos, torturas y delitos contra la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, los delitos se computarán desde...