Desde que el pasado 11 de marzo de 2020, la OMS declara “pandemia internacional" a  la crisis originada por el COVID-19, la mayoría de gobiernos han desarrollado una serie de medidas tendentes a paliar los perniciosos efectos económicos que, sobre empresas y autónomos, pueden derivarse. En este post vamos a poner el foco en la renegociación y suscripción de nuevos contratos tras el coronavirus.En el caso de España, tras la declaración de estado de alarma a través de Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha generado una situación excepcional que está teniendo un enorme impacto en nuestras relaciones socio-económicas y comerciales, entre otros como:Imposibilidad de dar cumplimiento a los contratos suscritos debido, por ejemplo, a falta de suministros. Problemas para el transporte de mercancías. Posibles ertes. Graves dificultades económicas por la caída de la demanda.Nuevos contratos tras el coronavirus En estos casos ya no será posible invocar ciertas causas de exoneración de responsabilidad como la fuerza mayor (art. 1105 del Código Civil), o solicitar la resolución o suspensión del contrato al amparo de la doctrina cláusula rebus sic stantibus, al no existir el requisito de la imprevisibilidad.Hay que tener en cuenta que la situación actual nos aconseja ser excepcionalmente escrupulosos y previsores en la fase de negociación precontractual y, especialmente, en la definición del régimen de asunción de responsabilidades, especialmente al tratarse de contratos internacionales de prestación de servicios, dado el diferente impacto del Covid-19 en los diferentes estados, y las medidas adoptadas por los gobiernos. ¿Qué pasará en el futuro? En primer lugar, las partes deben tener claro qué eventos importantes pueden darse a lo largo de la duración del contrato que puedan tener incidencia en el devenir de la relación contractual, y acordar las consecuencias que tales eventos pueden producir.Pueden ser ejemplos de estos eventos que afecten a la relación contractual: la aprobación de nuevas medidas legislativas que prohíban la producción o comercialización en determinados sectores productivos, la aprobación de nuevas normas que afecten a la validez de determinadas cláusulas contractuales, la imposibilidad de entrega de mercancías por cierres de fronteras, aprobación de nuevos requisitos para el transporte… etc. Consecuencias jurídicas Una vez clarificados los posibles eventos importantes, las partes, de común acuerdo, deben regular las consecuencias jurídicas que se derivan de tales circunstancias. Las cláusulas que tienden a distribuir los riesgos del contrato suelen ser muy variadas. Pero debemos centrar nuestra atención en las cláusulas resolutorias. En ellas, las partes pueden determinar los supuestos en que será posible accionar la resolución del contrato. También se podrán establecer previsiones en relación a la suspensión del contrato, la ampliación de los plazos de cumplimiento o la renegociación de las condiciones…Lógicamente, el contenido de estas cláusulas variará en función del objeto del...

Ante la creciente importancia otorgada por las organizaciones a sus secretos empresariales, se ha aprobado una reglamentación europea para protegerlos. Los secretos empresariales consisten en aquella información que abarca, no solo los conocimientos técnicos y científicos, sino también los datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado.En España, dicha información se protegía hasta ahora a través de disposiciones legales presentes en la Ley de Competencia desleal y el Código Penal. También mediante cláusulas que se introducían por las propias empresas en sus contratos laborales o con terceros.Se trata de una información cada vez más expuesta a prácticas desleales y apropiaciones indebidas.  Por ello, resulta tan acertada y necesaria la nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero de secretos empresariales. Esta Ley entrará en vigor el próximo 13 de marzo.Es fruto de la transposición de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos empresariales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. ¿Cómo es la Ley 1/2019? Está compuesta por veinticinco artículos distribuidos en cinco capítulos, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.El primer capítulo regula el objeto de la Ley: la protección de los secretos empresariales. A tal efecto, dispone que secreto empresarial será cualquier información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte del titular para mantenerla en secreto.El segundo capítulo define cuáles son las conductas lícitas y a las que no resultan de aplicación las medidas previstas en la Ley. Además, determina las actuaciones que constituyen una violación de secretos empresariales. También introduce un término nuevo: “mercancías infractoras”. Son servicios cuyo diseño, proceso productivo o comercialización se benefician del secreto empresarial.El tercer capítulo establece el secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad. Por tanto, regula pormenorizadamente el régimen jurídico de la transmisibilidad, cotitularidad y licencia del mismo.En el cuarto capítulo, se establecen las acciones civiles que pueden ejercitarse frente a la infracción del secreto empresarial. Estas resultan muy similares a las que ya existían frente a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual. Ello es así tanto en lo que atañe a la solicitud de acciones de cesación y prohibición, como en lo que respecta a la indemnización de daños y perjuicios.Finalmente, el capítulo cinco preceptúa las reglas de jurisdicción, competencia y legitimación. Esto es, los juzgados que conocerán de las acciones de defensa de los secretos empresariales y las personas físicas y jurídicas que podrán ejercitar dichas acciones. Estas erán los titulares del secreto empresarial o los licenciatarios de la explotación del secreto empresarial.Es un acertado avance en la protección de información empresarial de...

El 21 de enero del 2015, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma del Código Penal que, entre otras cuestiones, viene a perfilar la cuestión de la responsabilidad penal de las empresas. La reforma que finalmente se ha plasmado en el texto (pendiente de su confirmación por el Senado donde no se esperan modificaciones) es prácticamente idéntica a la del anteproyecto con el que veníamos ya trabajando desde hacía varios meses y que, en definitiva, viene simplemente a arrojar luz sobre ciertas cuestiones que en la redacción original del art. 31 bis quedaron poco claras.Básicamente el sistema queda como sigue: 1.- Posibilidad de que la empresa sea penalmente condenada por los delitos cometidos por sus administradores, directivos y empleados, actuando en el ámbito propio de la empresa y en beneficio directo o indirecto de la misma. 2.- Definición de los sistemas de prevención de delitos (Compliance Penal) como "modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión". Ahora ya queda claro que son esos sistemas a los que el Código Penal se refiere como medios de exonerar o atenuar la responsabilidad penal. 3.- Designación del Encargado de Cumplimiento (Compliance Officer) como "órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica".Se detalla además que los sistemas de Compliance deberán: 1.- Identificar aquellas actividades de la empresa donde existe un riesgo más alto de comisión de delitos. Lo que venimos llamando la elaboración del mapa de riesgos. 2.- Establecer los procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, esto es, detallar como se toman las decisiones empresariales. 3.- Establecer protocolos de gestión de los recursos financieros para evitar la comisión de delitos. 4.- Establecer la obligación de denunciar posibles riesgos e incumplimientos al Compliance Officer. 5.- Establecer un sistema disciplinario sancionador para posibles incumplimientos del sistema de Compliance. 6.- Prever un revisión periódica del propio sistema así como cuando se produzcan determinados eventos como cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada. En definitiva, por lo tanto, la reforma viene a aclarar el sistema, estableciendo con mayor claridad cual debe ser el contenido de los sistemas de prevención de delitos (Compliance) y las funciones del Encargado de Cumplimiento (el Compliance Officer). Como novedad respecto del anteproyecto, subrayar que finalmente no se ha introducido el nuevo art. 286.6 del Código Penal que establecía penas de inhabilitación y cárcel para el administrador que no hubiera implementado un sistema de prevención de delitos. Finalmente parece que ha imperado el...