Carrillo Asesores Tributarios y Abogados comienza su colaboración con el Real Murcia CF. Desde el Espacio Carrillo Deportes ofreceremos al club, durante esta temporada, asesoramiento multidisciplinar, proporcionándole cobertura jurídica total, consultoría integral, asesoramiento fiscal, financiero, tributario, laboral y deportivo. Para celebrarlo, sorteamos entre nuestros CLIENTES un Palco VIP completo con capacidad para 10 personas, al partido que se celebrará en el Estadio Nueva Condomina este próximo domingo 27 de enero a las 17.00 h (Real Murcia- CD Badajoz) Si quieres participar en este sorteo, pincha aquí indicando en el asunto "Sorteo entradas fútbol". CONDICIONES Y BASES LEGALES DEL SORTEO...

Se empiezan a ver los primeros resultados de la aprobación, el pasado 6 de septiembre de 2018, del informe de la Subcomisión para la elaboración del Estatuto del Artista. En concreto, se hace referencia a modificaciones fiscales; protección laboral y de Seguridad Social, así como a la compatibilidad entre prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor. La sí pero no modificación del TAX REBATE Es de vital importancia para el buen desarrollo de nuestro sector que quien lo regule, básicamente, lo conozca. Esto es lo que ha sucedido con la modificación realizada en el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que queda redactado de la siguiente forma:  “2. Los productores registrados en el Registro de Empresas Cinematográficas del Ministerio de Cultura y Deporte que se encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán derecho a una deducción del 20 por ciento de los gastos realizados en territorio español, siempre que los gastos realizados en territorio español sean, al menos, de 1 millón de euros. La base de la deducción estará constituida por los siguientes gastos realizados en territorio español directamente relacionados con la producción: 1. º Los gastos de personal creativo, siempre que tenga residencia fiscal en España o en algún Estado miembro del Espacio Económico Europeo, con el límite de 100.000 euros por persona. 2. º Los gastos derivados de la utilización de industrias técnicas y otros proveedores. […] Reglamentariamente se podrán establecer los requisitos y obligaciones para tener derecho a la práctica de esta deducción.” En este último párrafo está la clave de la reforma. En definitiva, lo que ha sucedido es que se ha eliminado una serie de requisitos de imposible cumplimiento para los productores españoles, introducidos y publicados en julio de 2018, y que ponían de manifiesto la importancia de conocer cómo funciona un sector y sus modelos de negocio para poder regularlo, por ello, desde el Departamento de Arte, Ocio y Deporte de Carrillo Asesores creemos que es de vital importancia que TODOS los agentes que intervienen en el sector audiovisual conozcan perfectamente la cadena de valor y el funcionamiento del mismo, desde cómo alcanzar el máximo inalcanzable de puntos en una subvención del ICAA, hasta valorar el etalonaje de la película. A grandes rasgos los productores asumían una serie de obligaciones como: Incorporar en los títulos de crédito y en la publicidad de la producción una referencia específica a haberse acogido al incentivo fiscal. Remitir al ICAA para su archivo, clasificación y gestión materiales como: (i) Una copia de la producción audiovisual. (ii) Sinopsis y una ficha técnica y...

En España existen todavía alquileres de viviendas denominados de renta antigua, contratos en los que el arrendatario abona una renta de escasa cuantía con respecto al mercado de alquiler actual, fijada desde el momento que se firmó el contrato y que conllevan una prórroga forzosa que obliga al propietario a prorrogar el arriendo hasta el fallecimiento del inquilino, pudiendo subrogarse al fallecimiento de éste su cónyuge o descendientes con ciertos requisitos. Sin embargo, hasta ahora no podía tener lugar esta subrogación si no se notificaba al arrendador el hecho del fallecimiento en un plazo máximo de 3 meses,  tal y como recoge la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en su art. 16, apartado 3, indicando que: “El arrendamiento se extinguirá si en el plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario el arrendador no recibe notificación por escrito del hecho del fallecimiento, con certificado registral de defunción, y de la identidad del subrogado, indicando su parentesco con el fallecido y ofreciendo, en su caso, un principio de prueba de que cumple los requisitos legales para subrogarse.” Pues bien, durante años las Audiencias Provinciales protagonizaron diversas interpretaciones en relación a la rigidez de las exigencias formales previstas en el artículo 16.3 de la LAU 1994 y a las consecuencias que se derivan para el arrendatario por su incumplimiento. En un primer momento, el Tribunal Supremo puso fin al debate y sentó doctrina jurisprudencial al respecto en la conocida STS de 30 de mayo de 2012, señalando que “en los arrendamientos de vivienda celebrados bajo la vigencia de la LAU 1964, producido el fallecimiento de su titular, para que se produzca la subrogación es imprescindible que se cumplan los requisitos formales exigidos en el art. 16 LAU, por remisión de lo prescrito en la DT2ª LAU 1994, a saber, la comunicación por escrito, dentro del plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario del fallecimiento y de la identidad de la persona que, estando facultada para ello, tiene la voluntad de subrogarse”, lo que se reiteró en la STS de 22 de abril de 2013. Pero esta interpretación formalista ha quedado superada por la reciente Sentencia 475/2018, de 20 de julio de 2018, donde el TS de un modo más flexible al anterior establece que: “Reunida nuevamente en pleno, la sala considera que la doctrina anterior resulta excesivamente rígida y que no puede ser mantenida de manera inflexible sin atender en cada caso a las exigencias que imponga la buena fe, principio general del derecho que informa nuestro ordenamiento jurídico (arts. 1.4 y 7 CC).  Por razón de la buena fe, el efecto extintivo del contrato puede ser un resultado injusto cuando, a pesar de no haberse llevado a...

¿Cuáles son las claves del nuevo plan de empleo juvenil?   Su objetivo principal es incrementar las contrataciones indefinidas entre los jóvenes, mejorar su formación y reducir la tasa de paro durante sus tres años de vigencia, lo que equivale a sacar del desempleo a casi 170.000 jóvenes menores de 25 años. Para ello, el plan está compuesto por 50 medidas estructuradas en seis ejes: orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, emprendimiento y mejora del marco constitucional.  Propone, por un lado, el nombramiento de 3000 funcionarios interinos por un máximo de 18 meses que proporcionan atención individualizada a los jóvenes, a los que se les realizará un seguimiento de su inserción. Y, por otro, la incorporación de 110 mediadores juveniles que se coordinarán con los servicios de empleo autonómicos para informar a los jóvenes de las medidas del plan. Las metas del Plan de Empleo juvenil se resumen básicamente en: Reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23% Elevar la tasa de actividad en la franja entre los jóvenes de 20 a 29 años. Recortar en un 20% la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes. Incrementar cada año un 15% el número de contrataciones indefinidas. Conseguir que al menos un 43% de los jóvenes inscritos como desempleados y que no disponen de titulación en Educación Secundaria Obligatoria adquieran mediante programas de formación las competancias clave en Lengua y Matemáticas. Establecer un control más efectivo de la contratación temporal, limitando la duración de los contratos del mismo trabajador con un mismo empresario. Recuperar la cotización por desempleo en los contratos de formación realizados al amparo de programas mixtos de empleo y formación.   [sc name="firma_aliciagarcia"]...

Hacienda impone nuevas obligaciones para las guarderías y centros educativos A partir de este año 2018, Hacienda ha obligado a que los centros educativos de menores y guarderías a informar sobre sus alumnos, y todo ello debido a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que  incrementa la deducción por maternidad modificando la redacción del art. 81 de la Ley de IRPF. Ello es debido a que el importe actual de deducción por maternidad (1.200 € como máximo) se podrá incrementar hasta en 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera satisfecho en el periodo impositivo gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación infantil autorizados. Deberán realizar el modelo de Hacienda 233 Se establece la obligación de información que deben cumplir las guarderías o centros infantiles con esta declaración informativa (modelo 233), y se presentará de forma electrónica por internet, mediante certificado electrónico o, en caso de obligados tributarios personas físicas, alternativamente mediante el sistema Cl@ve, sistema de identificación, autenticación y firma electrónica.  La Agencia Tributaria, aún está pendiente de habilitar este modelo, en su web, en el apartado “Declaraciones Informativas”,  donde se podrá presentar, y donde también se podrá descargar el módulo o programa para poder confeccinarlo y presentarlo. Si bien es cierto que estos centros tendrán que recopilar y cotejar, toda la información anual 2018, a presentar durante Enero de 2019, pudiendo acarrear sanciones tributarias la no presentación del modelo 233 exigido a partir de 2018. [sc name="firma_antonio" ]...

Un mago es un artista. Indiscutiblemente. Alguien capaz de “engañar” al público haciéndoles creer cosas inverosímiles o imposibles (todos podemos pensar en la persona a la que cortan en 3 partes con una sierra, al que vuela, al que adivina la carta de la baraja que has cogido y que solo has visto tu…) no merece otro calificativo.  Sin embargo la Agencia Tributaria parece no estar de acuerdo. Por lo menos a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y según criterio mostrado en consulta vinculante de la dirección general de tributos. Y es curioso ya que en el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) donde se clasifican todas las actividades, en la sección de epígrafes de actividades artísticas, el propio epígrafe 016 habla de ilusionistas. El caso es que en la ley de IVA se habla de aplicar el IVA reducido (actualmente del 10%) a ciertas prestaciones de servicios entre las que se encuentran:  Los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos, que sean personas físicas, a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales. Se habla de artistas (que podrían ser magos) pero se indica que sean servicios prestados a organizadores de obras teatrales y musicales. ¿encaja ahí un espectáculo de magia e ilusionismo? Según doctrina, un organizador de este tipo de eventos es “la persona o entidad que lleve a cabo la ordenación de los medios materiales y humanos o de uno de ellos con la finalidad de que la obra teatral o musical se represente” Además, la definición de obras teatrales y musicales deja fuera a la magia: 1º. Obras teatrales: Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas, pantomímicas y literarias en cuanto sean objeto de recitación o adaptación para la escena. 2º. Obras musicales: Las que se expresan mediante una combinación de sonidos a la que puede unirse o no un texto literario. Por tanto y aunque artísticamente pueda ser tan válido un espectáculo de magia como cualquier otro, el mago deberá facturarlo al tipo de IVA normal (el 21% actualmente). [sc name="firma_daniel"]...

Existe todavía mucha controversia en relación a la tributación de esta figura del espectáculo, como son los matadores de toros,  novilleros, y personal afín a este tipo de espectáculos taurinos.  Si bien es cierto que la relación laboral para este tipo de personas se define en el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos. - Boletín Oficial del Estado de 14-08-1985, las particularidades a las que se enfrentan las podemos resumir en este artículo de forma resumida. Si el matador de Toros y toda su cuadrilla está contratada por un Tercero (organizador del espectáculo taurino, sin asumir dicho Torero el riesgo y ventura del espectáculo ni ordenación de los recursos humanos y materiales del evento) , entonces aquí dicho matador y todos los componentes de su cuadrilla serán contratados dentro del ámbito de una relación laboral de carácter especial, definida en el art 2.1.e) del Estatuto de los Trabajadores, es decir para el Matador de Toros y de igual forma para novillero, etc., le será aplicado el art 17.2 de la ley de LIRPF que incluye como rendimientos del Trabajo las retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter especial. Al mismo tiempo se le aplicará a dichos contratos la retención establecida para ello y definida en el art. 80 del Reglamento del IRPF, lo que implicar aplicar el Art. 82, del RIRPF (al tratarse de la relación laboral especial de artistas en espectáculos públicos se fija una retención mínima del  15 por ciento que se establece en el apartado 2 del Art. 86 ,RIRPF. Si el Torero actúa como empresario/profesional, es decir cuando el Jefe de Cuadrilla o matador de Toros, realicen una ordenación por cuenta propia los medios de producción y de recursos humanos que disponen (aunque no asuman el riesgo y ventura del negocio), se calificarán como rendimientos de actividades económicas sus rendimientos (si los matadores de toros, novilleros y rejoneadores contratan a su cuadrilla y asumen,, respecto a los integrantes de la misma la condición de empleador (con las consecuencias que derivan de toda relación laboral), y con la finalidad de intervenir en un espectáculo público, se presume la existencia de ordenación por cuenta propia, por lo que  los rendimientos se califican como obtenidos de una actividad económica. Esto que implica, pues que el matador de toros tiene la condición de empresario por cuenta propia, por lo tanto ya no se califican los rendimientos obtenidos como “del trabajo” y podrá deducir todos aquellos gastos necesarios y afectos a su actividad. Cabe señalar que las actividades relacionadas con los espectáculos taurinos (matadores de toros y rejoneadores entre otras) se encuentran recogidas en la agrupación 05 de la  Sección Tercera de las Tarifas de IAE. Por...

Tal y como recoge el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en su Artículo 43, Los Centros Especiales de Empleo, en adelante CEE, son un medio de integración de personas con discapacidad en el régimen de trabajo ordinario.  El objetivo principal de los mismos es llevar a cabo un trabajo productivo, participando en las operaciones del mercado, y con la finalidad de asegurar un puesto de trabajo remunerado, prestando los servicios de ajuste personal y social que requiera su personal con discapacidad.  Para obtener la calificación como CEE y efectuar la inscripción, hay que solicitarlo al Registro de Centros Especiales de Empleo. ¿Cuáles son los requisitos necesarios para su constitución? Para poder crear un Centro de Empleo Especial será necesario: Realizar un trabajo productivo, participando regularmente en las operaciones del mercado. Asegurar un empleo remunerado. Ser un medio de integración del mayor número de discapacitados al régimen de trabajo normal.  Al menos el 70% de la totalidad de la plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por trabajadores discapacitados. La Actividad a desarrollar ha de tener viabilidad técnica, económica y financiera.  Tener en plantilla al personal técnico y de apoyo en posesión de las titulaciones profesionales adecuadas, que la actividad del Centro precise Contratos laborales suscritos conforme al R.D. 1368/1985. Domicilio social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. ¿Qué ventajas conlleva la creación de un CCE? Entre algunos de los beneficios que conlleva la creación de un Centro Especial de Empleo es la obtención de ayudas y subvenciones, entre las cuales podemos destacar: Ayudas destinadas a subvencionar el coste salarial. El 50% del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) correspondiente al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por discapacitados en los Centros Especiales de Empleo. Se podrá subsidiar hasta el 70 % de los intereses de los préstamos concedidos por Entidades de Crédito destinados al pago de la inversión subvencionable. Se podrán conceder ayudas para financiar actividades realizadas durante el presente año y consistentes en inversiones en activos fijos materiales nuevos. [sc name="firma_rocio"]...

¿Su empresa necesita contratar a un trabajador y para ahorrarse los gastos de Seguridad Social ha pensado en contratar a un autónomo? Si su empresa recurre a un autónomo y la relación entre ambas partes cumple las características de una relación laboral, su empleado será un “falso autónomo” y le corresponde estar dado de alta en el régimen general de la seguridad social. Durante este año 2018 se han intensificado las actuaciones de control por parte de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y contratar un autónomo puede ser ilegal lo que supone multas cuyo importe podrá alcanzar desde los 3.126 euros hasta los 10.000 euros. Además de esta sanción económica, la Seguridad Social puede reclamar a la empresa las cotizaciones de los últimos 4 años del “falso autónomo” con un recargo del 20% de las cuotas a pagar. ¿Cómo evitar el fraude de ley? Para que su empresa no cometa fraude de ley, es importante saber diferenciar a un “falso autónomo”. La relación entre empresa y autónomo queda regulada en la legislación mercantil y civil, y no en la legislación laboral, el contrato mercantil no es un contrato de trabajo. Cada vez es más frecuente que, empresa y “falso autónomo” firmen un contrato mercantil, pero el contrato firmado puede no ser correcto. Podremos saber que se trata de una relación laboral y el trabajador pertenece al régimen general y no al régimen autónomo cuando se dan las notas de voluntariedad, retribución, dependencia y ajeneidad. La empresa tiene un “falso autónomo” cuando gestiona su horario y vacaciones, organiza sus tareas, le da órdenes y le abona cada mes un importe similar, se le facilita teléfono móvil de empresa y vehículo. Además la empresa asume tanto beneficios como riesgos del trabajo desempeñado por el “autónomo”. Este es el caso de un comercial, que a pesar de la firma de un contrato mercantil se considera “falso autónomo” dado que es tratado como cualquier otro trabajador, trabajadores por cuenta ajena entre los que existe una relación laboral y una clara dependencia de la empresa. El trabajador autónomo es independiente, con gestión y organización propia, que realizan actividades que suponen su medio fundamental de vida y asumen los riesgos que ello conlleva. Autónomo económicamente dependiente Ahora bien, existe la figura del autónomo económicamente dependiente o TRADE, este autónomo es aquel cuyos ingresos proceden de un solo pagador en más del 75%, pero dependerán del resultado de su trabajo, por tanto, es él el que asume el riesgo. Para diferenciar un “falso autónomo” y un “TRADE”, asegúrese de que el autónomo o TRADE además de firmar contrato mercantil, presta sus servicios con sus propios recursos, y de manera diferenciada del resto de empleados, asegúrese de que utiliza su propio material, también debe de gestionar...

El Tribunal Supremo delimita el alcance y efectos de la STC 59/2017. Como es sabido, el Tribunal Constitucional (TC), en su Sentencia de 11 de mayo de 2017, falló declarando la inconstitucionalidad de determinados artículos de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (107.1, 107.2 a- y 110.4), y ello como consecuencia de someter a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica. En efecto, no cabe duda que, a vista de los citados preceptos normativos, nos encontrábamos ante la aplicación de una fórmula objetiva, según el valor catastral del suelo y años de tenencia el mismo, cuyo resultado siempre era el de la obtención de una cuota a pagar en el IIVTNU (plusvalía), con independencia de que la realidad fuera bien distinta, esto es, que el valor de transmisión del terreno transmitido fuera inferior al de adquisición en su día. En este sentido, a tenor de tan esperada declaración de inconstitucionalidad, incontables han sido los Juzgados y Tribunales que han tenido que pronunciarse al respecto de aquella, como consecuencia de las numerosas reclamaciones cursadas por contribuyentes mediante los trámites procedimentales oportunos para ello. Tanto es así que los criterios seguidos, lejos de ser coincidentes, han sido tremendamente dispares, desembocando en dos interpretaciones claramente diferenciadas: i) Por un lado, la tesis más moderada en la que, si bien se tornaba necesaria la existencia de pérdidas en la transmisión para anular la plusvalía, en algunos casos se trasladaba la carga de la prueba a la Administración (Véase: TSJ Aragón, Comunidad Valenciana, Juzgado de lo Contencioso de Cartagena, Ciudad Real, etc); y por otro, ii) una tesis más arriesgada y mal conocida como “maximalista” (adviértase que es el propio TS el que evita denominarla de esta manera, al asociar dicha connotación a una idea extrema, excesiva o exagerada), y por la que se establecía la imposibilidad de exigir el impuesto en todo caso, sin entrar a valorar la existencia o no de incremento de valor, en tanto en cuanto se defendía la improcedencia de liquidación en concepto de IIVTNU, por no existir base legal alguna para ello (TSJ Madrid, Navarra, Galicia, etc). Así pues, como quiera que numerosa ha sido la controversia y líneas interpretativas acogidas, ha sido el Tribunal Supremo el que, a raíz de la reciente y esperada Sentencia nº 1.163/2018, de 9 de julio de 2018, ha sacado de dudas tanto a contribuyentes como Administraciones Locales, resultando que éstas últimas respiran aliviadas en parte, al conocer que nuestro Alto Tribunal, ha desestimado el recurso de casación interpuesto por una famosa entidad bancaria, declarando en síntesis que, la doctrina aplicable, no es otra que aquella que declara la improcedencia de liquidaciones giradas en concepto de IIVTNU, pero únicamente en aquellos supuestos en los que se somete a...