Hoy en Carrillo Asesores hablaremos sobre el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. ¿Sabía usted que puede obtener ventajas fiscales por su sociedad dedicada a dicha actividad si cumple una serie de requisitos? Régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas Acogerse a dicho régimen puede proporcionarle una serie de bonificaciones que quizás usted no sabía y a partir de ahora lo tenga muy en cuenta por su ostentoso aliciente fiscal.Se aplicará un 85% de bonificación sobre la cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que cumplan los requisitos que más adelante expondremos. Si el arrendatario es discapacitado y en la vivienda se han realizado obras e instalaciones de adecuación, usted puede obtener una bonificación de hasta el 90%. En definitiva, este incentivo fiscal se aplica sobre los ingresos netos derivados del alquiler. Es decir, que tiene en cuenta los gastos directos e indirectos atribuibles a dichas rentas.Sin embargo, respecto de la exención del artículo 21 de la LIS señalar que en este régimen el beneficio queda limitado al 50% de las rentas procedentes de dividendos y transmisión de participaciones en las sociedades que aplican el régimen de arrendamiento de viviendas. Es sin duda importante porque supone una desventaja para inversores en este tipo de entidades.Este régimen es opcional y se aplicará a las entidades que tengan como actividad económica principal el arrendamiento de viviendas (junto con trasteros y plazas de garaje hasta un máximo de 2) situadas en territorio español, aunque es compatible con la realización de otras actividades complementarias y con la transmisión de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento. Requisitos para acogerse al régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas Deben de cumplir los siguientes requisitos para poder acogerse a este régimen especial:El número de viviendas que generan el patrimonio de la sociedad tienen que estar arrendadas u ofrecidas en arrendamiento. Este tiene que ser en todo momento igual o superior a 8. Las viviendas tienen que permanecer arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos tres años. El incumplimiento de este requisito implicará para cada vivienda, la pérdida de la bonificación que hubiera correspondido. Contabilización separada de cada inmueble. Para saber la renta correspondiente a cada vivienda En el caso de entidades que desarrollen actividades complementarias a la actividad económica principal de arrendamiento de viviendas, que al menos el 55%:De las rentas del período impositivo, excluidas las derivadas de la transmisión de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el período mínimo de mantenimiento, o alternativamente Del valor del activo de la entidad sea susceptible de generar rentas que tengan derecho a la bonificación.Incompatibilidades Este régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas es incompatible con otros...

En ocasiones sucede que, tras adquirir una nueva vivienda, los compradores se encuentran con desperfectos que pueden obedecer a un defectuoso diseño o ejecución de las obras, tales como grietas, filtraciones, problemas de ventilación… En estos casos es importante saber a quién y dentro de qué plazo podemos exigir la reparación o indemnización de estos defectos constructivos. Defectos constructivos A continuación daremos respuesta a las preguntas más comunes que pueden surgir una vez nos encontramos con defectos constructivos. Tales como quién asume la responsabilidad de los mismos y plazos y procedimientos para exigir su reparación. ¿Quiénes son los posibles responsables por los vicios de la construcción? Los denominados “agentes de la edificación”. Es decir, aquellos profesionales que generalmente intervienen en la construcción de un edificio. Algunos de ellos son el promotor, el constructor, el proyectista, el director de la obra, el director de ejecución, los proveedores de materiales… ¿Qué responsabilidad tienen los agentes de la edificación? Como consecuencia de su intervención en el procedimiento constructivo, cada uno de los agentes de la edificación tiene una serie de obligaciones relacionadas con la función que desempeña en dicho proceso.En consecuencia, en el caso de que se detecten defectos constructivos derivados de la negligencia de alguno de los agentes de la edificación en el cumplimiento de sus obligaciones, aquel habrá de responder.Como regla general, la responsabilidad de los agentes de la edificación es de carácter personal e individual. Es decir, la responsabilidad por un concreto defecto constructivo no será de todos los profesionales intervinientes en la obra. Será del profesional de cuya negligencia se derive el mismo.Sólo cuando no sea posible individualizar la responsabilidad (por ejemplo, debido a que el defecto en cuestión pueda obedecer a la negligencia de varios de los profesionales intervinientes), se podrá exigir la responsabilidad a todos ellos. En este caso, la reclamación que se interponga contra uno de ellos afectará a los demás.Para determinar si realmente existe un defecto constructivo y cuál o cuáles de los agentes de la edificación han de responder del mismo, en su caso, generalmente será necesario contratar a un experto para que realice una prueba pericial. ¿Qué plazo existe para reclamar la responsabilidad derivada de defectos constructivos? Sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales (por ejemplo, la que el promotor tiene frente al comprador en virtud del contrato de compraventa de la vivienda), la acción para exigir responsabilidad a los agentes de la edificación por posibles defectos constructivos tiene un plazo de prescripción de dos años. Estos contarán desde que se manifiesten dichos defectos constructivos. Debemos tener en cuenta que ello ocurra dentro de los plazos de garantía que establece la ley. Estos plazos son de uno, tres o diez años. Dependen de la gravedad y la naturaleza del defecto constructivo.Cabe señalar que...

El Tribunal Supremo, en la reciente sentencia 812/2020, de 11 de marzo de este año ha fallado a favor de la reclamación de la cláusula suelo para autónomos y Pymes. Le ha dado la razón a un autónomo que podrá recuperar el importe de los intereses, abonados en exceso, por la cláusula suelo de su préstamo. Un taxista que solicitó un préstamo hipotecario para adquirir la licencia con la que poder desempeñar su actividad profesional.Así, el Alto Tribunal dictamina en esta sentencia que no es suficiente que la cláusula sea clara. Además se exige que el prestatario haya tenido conocimiento de la misma. Tal y como habían sostenido algunas Audiencias Provinciales. Resolución del Tribunal Supremo que permite la reclamación de la cláusula suelo para autónomos y Pymes Gracias a esta resolución, se hace posible la reclamación de la cláusula suelo para autónomos y Pymes. Estos podrán reclamar la declaración de nulidad de esta cláusula impuesta en sus operaciones hipotecarias. Ya que estos profesionales observaban, una y otra vez, cómo les era imposible beneficiarse de la aplicación de la legislación protectora de consumidores. Esta es la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. También el Texto Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ley de Condiciones Generales de la Contratación Sin embargo, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, que también regula la abusividad de las cláusulas contractuales, sí prevé su aplicación no sólo a consumidores sino también a empresarios y autónomos. Reconoce que existen igualmente situaciones de abuso cuando los contratos se firman entre empresas o autónomos. Lo hace en su Exposición de Motivos. Control de inclusión o incorporación En estos casos, la estrategia para proceder a la reclamación de la cláusula suelo para autónomos y Pymes, debe orientarse al argumento que finalmente ha acogido el Tribunal Supremo. Este es el control de inclusión o incorporación. Esto significa que no basta que dicha cláusula esté en el contrato y que pueda ser comprensible gramaticalmente, sino también su  posibilidad real de conocimiento. En este caso no se cumplió. Ni se entregó la Ficha de Información Personalizada (FIPER, antigua Oferta Vinculante), ni el Notario consignó expresamente la advertencia de su existencia en la escritura pública.En consecuencia, el cliente no tuvo oportunidad real de conocer que el préstamo estaba sujeto a una limitación de la variabilidad del tipo de interés (cláusula suelo). Además, la propia sentencia establece que el prestatario/empresario debe acreditar que la entidad financiera ha vulnerado las reglas de la buena fe contractual al diseñar las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario. Criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez Esta resolución se basa en la sentencia nº241/2013, de 9 de mayo, que establece que en el Derecho nacional,...

El nuevo Real Decreto Ley 15/2020, publicado el 22 de abril establece un nuevo paquete de medidas en la lucha contra el COVID19 o coronavirus. Estas complementan y actualizan las ya publicadas en nuestro blog. Te las resumimos a continuación. Medidas en la lucha contra el COVID19 Estas medidas en la lucha contra el COVID19 se resumen en varios puntos:Arrendamientos de locales y naves. Medidas tributarias. Desempleo de trabajadores en periodo de prueba y en situación de cambio de trabajo. Disponibilidad excepcional de planes de pensiones.Te las detallamos a continuación. Moratoria en el arrendamientos de locales y naves Podrán solicitarla los arrendatarios tanto autónomos como sociedades que cumplan los requisitos establecidos en el art. 3. Estos son básicamente, dedicarse a una de las actividades suspendidas, o haber visto reducida su facturación un 75% en relación con la media de los seis últimos meses.Se distinguen dos supuestos: Entidad pública o gran tenedor El propietario del local o nave arrendados es una entidad pública o un "gran tenedor", entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2. En este caso, el arrendatario podrá solicitar en el plazo de un mes (o sea, hasta el 22 de mayo), una moratoria que se aplicará de manera automática y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el impacto provocado por el COVID-19. No pueden superarse, en ningún caso, los cuatro meses.Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de intereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia. Este aplazamiento consistirá en el fraccionamiento de las cuotas en un plazo de dos años. Estas se contarán a partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes citado. Siempre dentro del plazo de vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas. En este caso, el propietario está obligado a aceptar la medida. Otros Si el propietario del local NO es una empresa pública o gran tenedor, este no queda obligado a aceptar la moratoria. Pero se prevé la posibilidad de aplicar la fianza para el pago total o parcial de alguna o algunas mensualidades de la renta. En caso de que se disponga total o parcialmente de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera inferior a un...

Como cada día, publicamos las nuevas medidas para la lucha contra el coronavirus. Esta actualiza y complementa a lo ya publicado anteriormente el 23, 25, 26, 27 y 30 de marzo. Incluyen medidas para:Vivienda habitual. Autónomos. Pymes. Consumidores. Otras medidas.Lo desarrollamos a continuación: Nuevas medidas para la lucha contra el coronavirus El Gobierno ha dictado el RD-Ley 11/2020 para la adopción de nuevas medidas para la lucha contra el coronavirus. Estas son medidas sociales y económicas. Destacamos aquí las más importantes: Vivienda habitual Desahucios Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.Las personas que acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad social y económica (tal como se describen en el art. 5 del RD) podrán solicitar la suspensión de los procedimientos de desahucio por un plazo máximo de seis meses. Esto con la finalidad de que los servicios sociales competentes puedan adoptar las medidas oportunas. Prórroga contratos de arrendamiento Otra de estas nuevas medidas para la lucha contra el coronavirus afecta a los contratos de arrendamiento. Se ha acordado una prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.Para los arrendamientos de vivienda habitual cuyo plazo venza dentro del periodo de alarma se prevé la posibilidad de una prórroga de seis meses, por acuerdo entre las partes. Moratoria de la deuda arrendaticia Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda. Arrendador empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor Cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, deberá conceder una reducción del 50% de la renta o una moratoria, salvo que haya habido ya un acuerdo previo. Arrendadores que no se califiquen como grandes tenedores Cuando se trate de arrendadores que no se califiquen como grandes tenedores, el arrendatario podrá solicitarle el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta. Siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter voluntario. Plazo Una vez recibida la solicitud, la persona arrendadora comunicará a la arrendataria las condiciones de aplazamiento o de fraccionamiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, las posibles alternativas que plantea en relación con las mismas. Deberá hacerlo en el plazo máximo de 7 días laborables. Ayudas transitorias Si la persona física arrendadora no aceptare ningún acuerdo sobre el aplazamiento y, en cualquier caso, cuando la persona arrendataria se encuentre en la situación de vulnerabilidad sobrevenida referida en el artículo 5, esta podrá tener acceso al programa de...

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya nota de prensa se publicó este 3 de marzo de 2020, considera que, pese a ser el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) un tipo de referencia oficial, pero no ser de aplicación imperativa, resulta de aplicación, en todo caso, la Directiva de consumidores y usuarios 93/13, corrigiendo la doctrina que venía interpretando nuestro Tribunal Supremo. El IRPH debe someterse a control de transparencia Pues bien, el TJUE ha concluido que el IRPH debe considerarse sometido al control de transparencia. Además puede ser anulado de incumplir sus exigencias. Estas cláusulas, aclara, “no solo deberán ser comprensibles en un plano formal y gramatical, sino también permitir que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento”, “modo de cálculo” y “las consecuencias económicas” de su firma. Es decir, debe permitir al consumidor medio estar en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del índice. Y así permitirle valorar las consecuencias económicas de su inclusión.Concretamente, establece el Tribunal que para valorar si se dan estos supuestos “Constituyen elementos especialmente pertinentes … por un lado, la circunstancia de que los elementos principales relativos al cálculo del mencionado tipo de interés resulten fácilmente asequibles a cualquier persona que tenga intención de contratar un préstamo hipotecario, dada la publicación del modo de cálculo de dicho tipo de interés, y, por otro lado, el suministro de información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo de ese mismo tipo de interés.” En torno a estas valoraciones realizadas por el Tribunal es donde se van a generar las mayores discrepancias jurídicas frente a los Tribunales. Directiva 93/13, de protección de los consumidores Contra el criterio establecido por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en el año 2017, y continuando con lo expresado por el Abogado General, Maciej Spuznar, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que el hecho de que el índice sea oficial y, por tanto, válido, no lo excluye del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, de protección de los consumidores, por lo que los órganos jurisdiccionales españoles han de examinar la transparencia de su inclusión en cada caso para valorar su posible abusividad, debiendo verificar si la entidad bancaria comunicó, al consumidor, todas las circunstancias que puedan incidir en el coste total de su préstamo, y debiendo asumir la carga de probar, en todo procedimiento judicial, que informó convenientemente, al cliente, antes de tomar este la decisión final de contratar. Sustituir el IRPH por el Euribor La posible duda que fue planteada al TJUE acerca de, si en el caso de declararse la nulidad del tipo...

Las comisiones de reclamación de posiciones deudoras son comisiones que cobran los bancos, por ejemplo, cuando nos retrasamos en el pago de un préstamo. Según la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2019 estas comisiones no cumplen con los requisitos establecidos por el Banco de España. Además, son contrarias a la normativa de defensa de consumidores y usuarios. ¿Qué requisitos deben cumplir para ser válidas? Para ser válidas, las comisiones de reclamación de posiciones deudoras deben obedecer a la prestación de un servicio efectivo. Así, según el Tribunal Supremo, deben reunir, al menos, los siguientes requisitos mínimos:No reiterarse por sucesivas gestiones realizadas por la entidad bancaria al objeto de reclamar un mismo saldo. Tener una cuantía única, no admitiéndose tarifas porcentuales. No aplicarse de manera automática.¿Cuándo pueden resultar ilegales? El Tribunal Supremo se hace eco de dos sentencias del año 2015 y del año 2019, en las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puso de manifiesto que una cláusula muy parecida podía resultar contraria a la normativa en materia de consumidores y usuarios, ya que:Suponía una doble retribución del riesgo asumido por el banco como consecuencia del retraso, el cual ya quedaba cubierto por los intereses de demora. No permitía al consumidor comprobar que los gastos que retribuye no se solapaban, dada su redacción genérica.En base a todo ello, el Tribunal Supremo declara nula dicha cláusula. En un post anterior, te enseñábamos cómo reclamar las comisiones bancarias. Si tienes cualquier duda al respecto, en Carrillo Asesores podemos ayudarte. Contacta con nosotros sin compromiso. José Segura Abogado en Carrillo Asesores 968 24 22 58 Murcia – Madrid – Yecla – FuenteÁlamo – Lorca – Torres de Cotillas - Molina – Argelia – ValenciaConsulte con nosotros, podemos solucionar sus problemas....

El Tribunal Constitucional (TC) da un paso más en lo que respecta a la Plusvalía Municipal. Declara su inconstitucionalidad en aquellos casos en los que resulta confiscatoria. Esto sucede cuando a pesar de no resultar un terreno transmitido a pérdidas, la cuota a pagar por el impuesto supera la ganancia obtenida por la transmisión del mismo.Hace un tiempo escribía en este mismo portal acerca de la célebre Sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) con fecha 9 de julio de 2018. A partir de esta nuestro Alto Tribunal vino a delimitar el alcance de la más famosa si cabe, Sentencia del TC de 11 de mayo de 2017.En dicho post, sinteticé el criterio dado por el TS sobre la plusvalía municipal, advirtiendo, no sólo de que únicamente podían ser objeto de reclamación aquellas liquidaciones o autoliquidaciones en las que se demostrara una pérdida de valor, sino algo mucho más importante, y es que nada decía el Tribunal Supremo sobre aquellos casos en los que la plusvalía obtenida resultaba tan escasa que, desde la perspectiva del artículo 31.1 CE, el impuesto pudiera llegar a ser confiscatorio. Nota Informativa del Tribunal Constitucional sobre la Plusvalía Municipal Pues bien, con fecha 31 de octubre de 2019, el TC ha emitido una Nota Informativa. Anuncia que el Pleno por unanimidad ha estimado cuestión de inconstitucionalidad, declarando que la plusvalía municipal es inconstitucional en los casos en los que somete a tributación una renta “inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE)”.En definitiva podemos concluir que el TC abre sin dudas la puerta a la reclamación en aquellos supuestos en los que, no existiendo minusvalía entre la adquisición y la transmisión del terreno (único supuesto hasta ahora habilitante para ello) el impuesto supera a la ganancia obtenida. O lo que es lo mismo, cuando éste llega a resultar confiscatorio. Valoraremos la Sentencia con más detalle cuando sea publicada.Así pues no dudes en contactar con nosotros para cuanto sea necesario. Te ampliaremos esta información y resolveremos tus dudas. En Carrillo Asesores estaremos encantados de atenderte.Pedro Lorenzo Asesor Fiscal en Carrillo Asesores 968 24 22 58 info@carrilloasesores.com Murcia – Madrid – Valencia – Yecla – Fuente Álamo – Lorca – Molina de Segura– Las Torres de Cotillas– ArgeliaConsulte con nosotros, podemos solucionar sus problemas. Con este blog queremos ayudar al empresario y administrador a conocer mejor el marco legal y fiscal donde hace negocios. Las publicaciones y comentarios que aquí se reflejan son de carácter general por lo que no constituyen asesoramiento jurídico....

Como ya hablamos en artículos anteriores en Carrillo Asesores, el Congreso de los Diputados no convalidó el efímero Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre por el que se modificaban algunos aspectos de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ahora, recientemente,  ha entrado en vigor el nuevo Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y arrendamiento que, en esta ocasión sí, ha sido convalidado por la Diputación Permanente. Se considera como un segundo intento de Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. Por este motivo, vamos a analizar su especial incidencia en el contrato de arrendamiento de vivienda. Incidencia del Real Decreto Ley 7/2019, del 1 de Marzo en el contrato de arrendamiento de vivienda Duración del contrato de arrendamiento de vivienda En relación a la duración del contrato de arrendamiento de vivienda, se ha optado por establecer un plazo mínimo de cinco años para las personas físicas. Este plazo se aumenta a siete años para las personas jurídicas. No obstante, esto es así sin perjuicio de la libertad de las partes para pactar un plazo inferior. Prórroga tácita Respecto a la prórroga tácita del contrato de arrendamiento, se introduce un plazo máximo de tres años, que se hará efectivo mediante prórrogas anuales. Necesidad de vivienda permanente Se recoge la posibilidad de que el contrato de arrendamiento finalice antes por voluntad del arrendador cuando este tenga necesidad de vivienda permanente, o sus familiares en primer grado de consanguineidad, o por adopción. También cuando se dé este caso en el cónyuge del arrendador en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Para ejercer esta potestad, el arrendador deberá comunicar dicha circunstancia al arrendatario con al menos dos meses de antelación. Además, deberá ocupar la vivienda en el plazo de tres meses desde la extinción del contrato o desde el desalojo efectivo de la misma. Fianza La fianza sigue siendo obligatoria. Su cuantía queda fijada en una mensualidad de renta cuando hablemos de arrendamiento de vivienda. Serán dos mensualidades cuando se trate de un arrendamiento de uso distinto a la vivienda.  Renta La renta del contrato de arrendamiento de vivienda continúa siendo libremente pactada entre las partes, así como la revisión de la misma que puede contemplarse o no en el contrato. La renta sólo podrá ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes.En Carrillo Asesores podemos ayudarte con las nuevas modificaciones del contrato de arrendamiento de vivienda. contacta con nosotros sin compromiso.[sc name="firma_rocio"]...

El reciente Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler publicado el pasado 18 de diciembre con el que se modificaba, entre otras, la Ley de Arrendamientos Urbanos, ha tenido una vigencia fugaz, ya que no ha conseguido la convalidación del Congreso y, por lo tanto, debe entenderse derogado.Es por ello que los contratos de arrendamiento que se firmen a partir de hoy volverán a estar sujetos a las condiciones que se establecían por la Ley de Arrendamientos Urbanos antes de la aprobación de dicho Real Decreto. Esto es:Duración de los contratosLas partes podrán pactar libremente la duración de los contratos, sin embargo, volvemos a la duración mínima de 3 años como prórroga obligatoria de éstos. La prórroga tácita vuelve a ser de 1 año para aquellos casos en los que ni el casero ni el inquilino manifiestan su voluntad de no renovar el contrato.Fianza En relación con la fianza, será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda. Pudiendo los arrendadores seguir pidiendo avales o depósitos bancarios además de la fianza.Elevación de rentaEl arrendador podrá elevar la renta anual cuando hayan transcurrido 3 años de duración del contrato, salvo pacto en contrario, en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementando en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la renta vigente en aquel momento. ¿Qué ocurre con los contratos de arrendamiento firmados durante la vigencia de este Real decreto? Los contratos de arrendamiento firmados desde el pasado 19 de diciembre hasta hoy tendrán plena validez conforme a lo establecido en el Real Decreto ahora derogado. [sc name="firma_rocio"]...