La información mostrada en este artículo será válida para los contratos de arrendamiento firmados desde el 19 de diciembre de 2018 hasta el 23 de enero de 2019. Para contratos firmados a partir de dicha fecha, pincha aquí.El pasado 18 de diciembre se publicaba en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Alquiler, con vigencia a partir del 19 de diciembre. Dicha norma introduce una serie de modificaciones en la Ley de arrendamientos Urbanos. En especial en lo que respecta al arrendamiento de vivienda. Las podemos dividir en tres bloques: duración, renta y fianza. Duración de los contratos de arrendamiento Respecto a la duración, volvemos a la duración mínima de cinco años del arrendamiento. Siete años si el arrendador es persona jurídica. Además, la prórroga necesaria del contrato pasa a ser de tres años si ninguna de las partes notifica a la otra, al menos con treinta días de antelación, su voluntad de no renovar el contrato al vencimiento del mismo o de cualquiera de sus prórrogas. En todo caso, el plazo de duración del arriendo comenzará a contarse desde la fecha del contrato. O en todo caso, desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si esta fuere posterior.Si el arrendamiento es superior al plazo mínimo de cinco y siete años, se podrá pactar que, en caso de fallecimiento del arrendatario, la subrogación sea solo por dicho plazo mínimo. En defecto de dicho pacto, el arrendamiento durará lo que hubiesen pactado las partes. ¿Qué hacer cuando el propietario solicita la vivienda para su uso propio? En cuanto a la posibilidad de que el arrendador solicite la vivienda arrendada porque tenga necesidad de la misma para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares, deberá comunicarlo al arrendatario con al menos dos meses de antelación. Deberá ocupar la misma en el plazo de tres meses. De lo contrario se repondrá al arrendatario a la situación anterior por un nuevo período de cinco o siete años. Este tendrá derecho a una indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación. O a una indemnización equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar los cinco o siete años. ¿Se regulará la renta? Respecto a la renta, seguirá siendo la libremente pactada entre las partes. Igualmente la revisión de la renta, que puede no existir. Durante el plazo mínimo de duración del arriendo no podrá elevarse la renta por obras de mejora. En el caso de que el contrato sea de plazo mayor se podrá elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en...

En España existen todavía alquileres de viviendas denominados de renta antigua. Contratos en los que el arrendatario abona una renta de escasa cuantía con respecto al mercado de alquiler actual. Renta fijada desde el momento que se firmó el contrato y que conllevan una prórroga forzosa que obliga al propietario a prorrogar el arriendo hasta el fallecimiento del inquilino. Se puede optar a la subrogación en un contrato de alquiler al fallecimiento del inquilino, su cónyuge o descendientes. Siempre con ciertos requisitos. Subrogación en un contrato de alquiler al fallecimiento del inquilino Sin embargo, hasta ahora no podía tener lugar esta subrogación si no se notificaba al arrendador el hecho del fallecimiento. El plazo máximo de 3 meses,  tal y como recoge la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en su art. 16, apartado 3, indicando que: “El arrendamiento se extinguirá si en el plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario el arrendador no recibe notificación por escrito del hecho del fallecimiento, con certificado registral de defunción, y de la identidad del subrogado, indicando su parentesco con el fallecido y ofreciendo, en su caso, un principio de prueba de que cumple los requisitos legales para subrogarse.” Diversas interpretaciones Pues bien, durante años las Audiencias Provinciales protagonizaron diversas interpretaciones en relación a:La rigidez de las exigencias formales previstas en el artículo 16.3 de la LAU 1994. Las consecuencias que se derivan para el arrendatario por su incumplimiento.STS de 30 de mayo de 2012 En un primer momento, el Tribunal Supremo puso fin al debate y sentó doctrina jurisprudencial al respecto. Lo hizo en la conocida STS de 30 de mayo de 2012. En ella señalaba que “en los arrendamientos de vivienda celebrados bajo la vigencia de la LAU 1964, producido el fallecimiento de su titular, para que se produzca la subrogación es imprescindible que se cumplan los requisitos formales exigidos en el art. 16 LAU, por remisión de lo prescrito en la DT2ª LAU 1994, a saber, la comunicación por escrito, dentro del plazo de tres meses desde la muerte del arrendatario del fallecimiento y de la identidad de la persona que, estando facultada para ello, tiene la voluntad de subrogarse”. Este hecho se reiteró en la STS de 22 de abril de 2013. Sentencia 475/2018, de 20 de julio de 2018 Pero esta interpretación formalista ha quedado superada por la reciente Sentencia 475/2018, de 20 de julio de 2018. En ella el TS de un modo más flexible al anterior establece que: “Reunida nuevamente en pleno, la sala considera que la doctrina anterior resulta excesivamente rígida y que no puede ser mantenida de manera inflexible sin atender en cada caso a las exigencias que imponga la buena fe, principio general del...