España se adelanta a Europa en la regulación de la cadena alimentaria

Actualizado: ene 30


Protege a los pequeños agricultores y ganaderos, aportando competitividad

¿Qué ventajas tiene ser el primero? La experiencia nos dice que llevar la voz cantante sobre un tema nos convierte en referente, implicando también que nos toca asumir la responsabilidad de dar el primer paso y de ir viendo, con la práctica, cómo mejorar. Esta es la posición que ha adoptado España adelantándose a la Unión Europea en la elaboración y aprobación de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, lo que le sitúa como uno de los primeros países en legislar sobre este asunto.

La Ley nace con el propósito de regular y supervisar las relaciones entre los agentes que intervienen en la cadena alimentaria, protegiendo a los pequeños agricultores y ganaderos y aportando competitividad a uno de los buques insignias de la exportación española. Son objetivo de esta ley los profesionales que participan desde la producción a la distribución de alimentos, así como en las transacciones de animales vivos, piensos y materias primas destinadas a la alimentación animal. La ley inspira un Código de Buenas Prácticas que recoge el respeto entre los empresarios, la distribución equitativa de riesgos y responsabilidades y la relación de transparencia y cooperación entre los firmantes de acuerdos comerciales.

Lo más significativo de esta ley es la obligatoriedad de contratos escritos en las operaciones de importes superiores a 2.500 euros o cuando una de las partes sea productor primario, con el fin de profesionalizar los procesos y atajar las malas prácticas de abuso de poder que se daban hasta el momento. Los profesionales agroalimentarios venían denunciando cambios en los precios tras la entrega del género, así como competencia desleal e impagos; esta ley los intenta eliminar garantizando la seguridad de las ganancias de los agentes y un mejor funcionamiento de la cadena, vertebrando y profesionalizando su funcionamiento.

Las empresas pueden ser sancionadas si incumplen la ley con multas que oscilan entre 3.000 y 1.000.000 de euros a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios.

Las empresas pueden ser sancionadas si incumplen la ley con multas que oscilan entre 3.000 y 1.000.000 de euros a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Además de la Agencia encargada de supervisar el cumplimiento de la ley y sancionar a los infractores, la normativa española contempla la creación de otro organismo: el Observatorio de la Cadena Alimentaria. Este ente es el encargado del seguimiento del precio de los alimentos y de actuar como mediador en los conflictos comerciales que surjan entre los agentes de la cadena de alimentación.

El reto de la Ley es aportar seguridad y garantía a nuestras pymes dentro y fuera de nuestras fronteras, ayudando también en las transacciones con operadores extranjeros de la cadena alimentaria, ya que España es uno de los mayores exportadores hortofrutícolas de Europa. A partir de ahora las empresas, gracias a la Ley 12/2013, tendrán de su parte una nueva herramienta para fortalecer el sector alimentario español, y sólo el tiempo nos dirá si, efectivamente, ha conseguido dinamizarlo y hacerlo aún más competitivo marcando la senda al resto de países europeos.

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