Esta nueva Ley de desindexación desvincula los precios de los servicios públicos del IPC
El objetivo de esta Ley de desindexación es contribuir a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad de la economía española.
Hasta ahora, venía siendo práctica habitual en el ámbito de la contratación, tanto pública como privada, tomar el Índice de Precios al Consumo (IPC) como referencia para la actualización del precio pactado, con el fin de evitar los efectos de la inflación.
Sin embargo, desde hace algunos años se vienen llevando a cabo reformas legislativas dirigidas a cambiar o al menos corregir este sistema, principalmente en el sector público.
Esta tendencia ha culminado con la reciente aprobación, el pasado 30 de marzo, de la Ley de Desindexación de la Economía Española, cuyo objeto es evitar que en el futuro los contratos privados, y especialmente los de arrendamiento, queden referenciados a un índice concreto.
Así, en los contratos de arrendamiento rústico o urbano que se firmen a partir de ahora, no procederá la actualización de las rentas, salvo que se prevea expresamente lo contrario.
Por otra parte, en caso de que exista pacto expreso de actualización, pero no se haya previsto el índice o método concreto para efectuarla, la referencia será el nuevo Índice de Garantía de la Competitividad (IGC).
Este IGC será publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y estará vinculado a la recuperación de competitividad de la economía española frente a la de la zona euro.
De este modo, se pretende facilitar la celebración de contratos a largo plazo y lograr una mejora de la competencia y la competitividad de nuestra economía.
