Ocho meses después de iniciar las negociaciones, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales para la primera fase de la reforma de las pensiones. La revalorización vuelve a estar ligada al IPC y se penalizarán las prejubilaciones voluntarias.
Los empresarios de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), deberán reunirse en asamblea esta semana para llegar a la ratificación del mismo. Inicialmente, se pretende llevar este acuerdo al Consejo de Ministros la próxima semana para iniciar su tramitación. Aun así, no todos los futuros pensionistas tendrán que estar pendientes de estas modificaciones, cuya entrada en vigor será a partir de finales de 2021 y con vistas a que ya estén listos en 2022.
La reforma acordada manifiesta el incremento de la edad real de jubilación. Desde el Ministerio de Seguridad Social, señalan elevar en dos años la edad media efectiva de jubilación frente a la actual, que es de 64,5 años, aunque la norma dice que debería ser a los 66. Se pretende con ello, que se llegue a los 67 años en 2027.
Medidas fundamentales del acuerdo para la reforma de las pensiones
Este acuerdo adoptado responde a varias medidas fundamentales:
Índice de Precios de Consumo (IPC)
Las pensiones se revalorizarán con el IPC todos los años, salvo en los casos de inflación negativa, en los que quedarán congeladas.
Según los cálculos realizados por Seguridad Social, y en base a los parámetros establecidos por Europa, la revalorización de las pensiones supondrá un incremento del gasto del 2,5 del Producto Interior Bruto (PIB), en el 2050.
Penalización para las jubilaciones anticipadas voluntarias
La norma cambia. La penalización recae sobre la pensión en vez de sobre la base reguladora. Esta modificación se debe a que actualmente en las rentas altas que superan la pensión máxima, la reducción en la base reguladora no tiene efecto en un recorte de la pensión. Dicha medida establece por tanto, el cálculo de esa reducción por meses, para todos aquellos que dejen el mercado laboral por voluntad propia, y quieran acceder a la jubilación. Como consecuencia, la penalización será mayor por cada mes que se adelante la pensión hasta el mencionado máximo de cuatro años. Este cambio se realizará en un periodo transitorio de 10 años que dará comienzo en 2024.
Prejubilaciones forzosas o involuntarias
Se amplían las causas para acogerse a esta prestación (siempre y cuando cumplan determinados requisitos), a trabajadores que hayan sido despedidos por causas objetivas, y en los casos en los que el trabajador quiera rescindir su contrato voluntariamente por causa de movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o acuerdo con su empresa.
Conforme a esto, en caso de que el trabajador haya accedido a la jubilación tras un despido, podrá hacerlo cuatro años antes de la edad legal de jubilación, pero implicaría una penalización máxima dependiendo del tiempo que haya cotizado. Así mismo, esta nueva normativa, no afectará a los trabajadores víctimas de un ERTE en 2021 o de las consecuencias de un expediente aprobado en ese año, independientemente de que el despido sea posterior.
Bonificaciones e incentivos si se retrasa la jubilación
En el caso de la jubilación demorada, es decir, para aquellos trabajadores que continúen en activo más allá de su edad legal, se establecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal por parte de la empresa, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda.
La nueva ley contemplará, a su vez, tres tipos de bonificaciones entre las que podrá elegir el jubilado en caso de retrasar su jubilación:
Aumento del 4% por cada año que se retrase.
El pensionista podrá optar por el cobro único de una cantidad de dinero por cada año que continúe activo, y que dependerá del importe de la pensión. Este pago único oscilará entre un mínimo de 4.786,27 euros y un máximo de 12.060,12 euros.
El trabajador podrá optar por una combinación de ambos incentivos.
Ecuanimidad Intergeneracional
La derogación del factor de sostenibilidad ha sido un punto clave para los sindicatos durante toda la negociación. Este factor, será reemplazado por una nueva fórmula correctora que estará disponible en los próximos cinco meses. Con el llamado “mecanismo de equidad intergeneracional” que entrará en vigor en el año 2027, se pretende no aplicar recortes de pensiones.
Nuevo Sistema para autónomos en 2022
El acuerdo de la reforma de las pensiones también incluye un nuevo sistema de cotizaciones para los trabajadores por cuenta ajena. Podrán cotizar en función de sus ingresos reales. Aunque no tendrá efectos económicos hasta 2023, la previsión es implantarlo a partir de enero de 2022.
Ayudas en el empleo de trabajadores mayores de 62 años con baja médica
En consideración a esta medida, se implanta una reducción del 75% en las cuotas empresariales, para aquellos trabajadores mayores de 62 años que se encuentren en una situación de incapacidad temporal.
Si necesitas aclarar alguna cuestión sobre el acuerdo para la reforma de las pensiones, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. En Carrillo Asesores, estaremos encantados de atenderte.